Ábalos recurre las medidas que le impuso el Supremo porque perjudican "aún más si cabe" su imagen y no se va a fugar

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, investigado en el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama Koldo, ha recurrido las medidas cautelares que le impuso el pasado 20 de febrero. En su recurso, al que ha tenido acceso este periódico, la defensa rechaza que en su caso exista riesgo de fuga, dada su condición de diputado que le obliga a acudir a las sesiones del Congreso de los Diputados y el hecho de que tenga cinco hijos, tres de ellos menores de edad. También lamenta que la obligación de comparecer cada quince días ante el Supremo e impedirle abandonar el país "ante su ya delicada situación personal y popular, denostarían aún más si cabe su imagen".

El escrito, que firma su abogado José Aníbal Álvarez, también rechaza "una supuesta relación personal" entre Ábalos y el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ya que pese a reconocer que tuvieron "algún encuentro en persona" ello no implica que dicha relación "haya devenido estrecha". También reclama que se le permita que las firmas que tiene que realizar ante la autoridad judicial los días 1 y 15 de cada mes puedan ser en Valencia, ciudad en la que tiene su domicilio familiar, o en cualquier otro lugar de España donde se encuentre en dicho momento.

A lo largo del escrito de cinco páginas en el que hace estas alegaciones, la defensa sostiene que Ábalos difícilmente pudo haber percibido dádiva alguna en inmuebles, y recalca que el piso de Plaza España "no era disfrutado" por él porque es conocido que "nunca residió en él". Sobre el chalé de la urbanización gaditana de La Alcaidesa incide en que abonó fianza por ese alquiler y que fue posteriormente desahuciado por lo que "hay inexistencia de beneficio económico. Sobre el tercer piso en cuestión, añade que tampoco se produce el pago del valor del mismo dado que "jamás adquirió la citada vivienda". Explica, por otro lado, que como ministro no tenía "ninguna facultad para conceder licencias de hidrocarburos" por lo que "difícilmente se podía tratar de conseguir algo que a todas luces" Ábalos pudiera lograr.

Propiedad en Perú

En un segundo escrito de alegaciones, tras rechazar el magistrado un recurso inicial contra las diligencias acordadas sobre el patrimonio de Ábalos, la defensa expresa sus quejas por el hecho de que en la declaración del pasado día 20 se le preguntara por un inmueble en Perú --perteneciente a una ONG cuyo terreno está a su nombre desde los años 90 -- "poco o nada tiene que ver con las presentes actuaciones, no solo por el marco temporal (...) sino que además ni siquiera ostentaba el cargo de ministro".

También reprocha a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de realizar "filtraciones" sobre su vida, algo que --a su juicio-- "denota tintes de inquina y venganza". El letrado Aníbal Álvarez, critica la actuación de los agentes de la Benemérita y hace referencia a una publicación en la prensa el pasado 20 de febrero --cuando acudió a declarar como investigado-- relativa a su expareja Jésica Rodríguez. "Salió un titular en un rotativo sobre la vida privada de mi defendido (la cual poco o nada ha de interesar a nadie de esta causa o ajena a ella)", apunta, al tiempo que incide en que no puede más que señalar "una casualidad tras otra". Insiste en que "casualmente" de dicho artículo de prensa "se extraen capturas de pantalla provenientes del móvil de Koldo García, que para más inri, el mismo se encuentra nada más y nada menos que en poder de la UCO".

Para la defensa, ello deja claro "la falta de imparcialidad de tan honorable Unidad" y su actuación "extralimitada". "A pesar de lo expuesto por este magistrado instructor en el auto en el que indicaba que la presente causa era delicada a fin de evitar filtraciones, es la citada UCO quien procede a realizar dichas filtraciones únicamente sobre la vida de mi defendido, lo que además denota tintes de inquina y venganza", subraya.

Torres y Santos Cerdán

Además, Ábalos vuelve a criticar que Puente indagase en las comunicaciones de los investigados y las referencias que en dichas conversaciones pudieran hallarse con relación a su hijo; al ministro Ángel Víctor Torres o subordinados suyos; al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; o con cualquier otra persona aforada ante el Supremo.

La defensa reclama a la Sala de lo Penal que delimite "aún más" dichas intervenciones, "toda vez que como puede deducirse Ángel Víctor Torres, debido al cargo que ostenta, tiene varias decenas de subordinados dado que se trata de una estructura jerárquica en la que (...) son todos ellos subordinados del ministro".