El Gobierno lleva al Constitucional a Ayuso por mantener su negativa a que el edificio de Sol sea un lugar de memoria

El Gobierno mueve ficha y volverá a recurrir en el Tribunal Constitucional una ley de la Comunidad de Madrid. Después de hacerlo contra la ley sobre derechos LGTBI hace unos meses, esta vez se trata de la norma que impulsó Isabel Díaz Ayuso para impedir que la Real Casa de Correos, actual sede del ejecutivo regional, sea declarada como un lugar de memoria. Tras finalizar el plazo para aceptar una negociación, y manifestarse formalmente el rechazo a sentarse con el ministerio de Política Territorial, el Ejecutivo ha puesto en marcha los trámites para llevar este recurso al Consejo de Ministros, según ha avanzado Ángel Víctor Torres.

Para elevar el recurso el Gobierno precisa antes del informe del Consejo de Estado, por lo que fuentes del departamento de Política Territorial descartan que pueda llevarse a la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes. Lo que sí han hecho es activar el procedimiento porque entienden que “hay una colisión entre dos leyes”, en referencia a la norma de memoria democrática y la enmienda para intentar blindar el edificio de Sol que se incluyó en una ley ómnibus del Gobierno de la Comunidad de Madrid antes de final de año.

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Coincidiendo con los 50 años del aniversario de la muerte de Franco, el Ejecutivo ha acelerado una treintena de expedientes sobre lugares de memoria. Entre ellos se encuentra el del edificio de Sol por albergar durante la dictadura la Dirección General de Seguridad, donde se documentaron torturas a antifranquistas. Un espacio donde Ángel Víctor Torres ha remarcado que incluso se produjeron muertes.

El choque entre el Gobierno central y el ejecutivo de Ayuso acabará ahora en los tribunales, ante la resistencia de la Comunidad de Madrid a esta declaración conmemorativa, impidiendo la instalación de placas o cualquier otro distintivo en recuerdo y homenaje a las víctimas.

Los servicios jurídicos advirtieron al grupo popular, haciendo referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre la posible irregularidad de la enmienda que será recurrida por el Gobierno al introducirla en una normativa que no trataba sobre esta materia. Incluir a posteriori enmiendas sobre algo que no se preveía regular previamente, "no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa", rezaba el informe de los letrados autonómicos. Entonces, tanto Más Madrid como PSOE adelantaron que acudirían al Defensor del Pueblo.

Competencias autonómicas

El texto aprobado desarrollaba medidas para que cualquier placa o distintivo que quiera colocarse con carácter permanente en este edificio y "que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia" requerirá "de la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid". En el equipo de Ayuso defienden que se vulneran las competencias autonómicas y lo consideran un "ataque frontal" a su Gobierno.

La dirigente madrileña ya acusó al presidente de querer "quemar las calles" y de haber "enloquecido" por organizar actos por la muerte de Franco en 2025, pero lo que quieren evitar a toda costa es un acto con presencia de Moncloa en el que se identifique la sede del Gobierno regional con la tortura o la época franquista.