El Gobierno rebaja a "numerito hipócrita" el plante del PP a Montero y ve margen para acordar la quita de la deuda

El Gobierno no varía su hoja de ruta para impulsar la quita parcial de la deuda a las comunidades autónomas pese al plantón unánime de todos los consejeros del PP este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los populares sí acudieron a la reunión convocada por Hacienda, pero la abandonaron posteriormente para escenificar su rechazo a la propuesta por la que se condonarían más de 83.000 millones de euros a los territorios de su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Algo por lo que facilitaron el quorum necesario, y, por tanto, la posibilidad de votarse la propuesta, y evitaron manifestar su voto en contra.

La propuesta salió así adelante con los votos de Hacienda y los de las comunidades autónomas del PSOE. Es por ello que desde el Ejecutivo no solo rebajan las consecuencias de su decisión, sino que entienden que “facilitó su aprobación”. Así lo interpreta la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y otros ministros. El titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, calificaba esta mañana el plantón como un “numerito hipócrita” que, insistía, tendría como resultado “facilitar que se apruebe” la polémica quita.

El Gobierno acelerará la ley sobre la quita de la deuda con un trámite de urgencia

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se preguntaba esta mañana en plena resaca del CPPF “si lo abandonaron porque iban a votar en contra o porque los obligaban a no votar a favor” y generaba dudas sobre la unidad dentro del partido. “Apuesto a que si esto se termina aprobando no van a renunciar a la quita de la deuda, por lo que estamos ante un ejercicio de tacticismo político y una orden de Feijóo a quien le da igual que esto va contra la gestión de quienes están en las comunidades autónomas”, concluía.

María Jesús Montero ya estalló ayer tras la reunión y calificó de "esperpéntico" el episodio, al tiempo que tachó de "infantil e irresponsable" la "pataleta" que protagonizaron los 14 representantes de las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP. "Se han marchado por cobardía. No se atreven a volver a sus territorios y decir que han votado en contra. Tampoco se atreven a ir en contra de las directrices de Génova”, concluyó.

Para exhibir una posición única todos los consejeros firmaron una carta conjunta -con los logos institucionales de cada comunidad- en la que exigen "la necesidad de no retrasar más la reforma del sistema de financiación" y "volver a la senda de la lealtad institucional y la multilateralidad", así como "actualizar las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio fiscal de 2025", mantener el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica que permite una liquidez adicional para hacer frente a déficits pendientes de financiar en ejercicios anteriores; y la absorción de la deuda generada por los gastos extraordinarios asumidos por la Comunidad Valenciana tras la catástrofe de la DANA.

Comisiones mixtas

Desde el Gobierno se mantienen en la tesis de que, aunque el PP mantenga su posición y vote en contra de la ley en el Congreso, las comunidades autónomas no renunciarán a tener más liquidez. Tras el plazo de entre ocho y nueve meses que se da el Ejecutivo para sacar adelante la norma, se comenzarían a convocar las comisiones mixtas entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas. Cada territorio deberá así firmar el convenio para beneficiarse de la quita o rechazarla. Este será el momento clave. 

Las comisiones mixtas, que se convocarían por orden de aprobación de los respectivos estatutos, se comenzarían a celebrar con las elecciones andaluzas en el horizonte. Si no se produce un adelanto electoral, los andaluces están llamados a las urnas en junio del próximo año. La cuestión de la quita, por tanto, irrumpiría casi en precampaña, y con las municipales y autonómicas a poco más de un año vista. Todo ello con María Jesús Montero en su doble condición de ministra de Hacienda y candidata del PSOE frente al popular Juanma Moreno.

Una presión preelectoral con la que cuentan en el Gobierno para confiar en un giro de los populares. En este sentido, los mensajes se centran en cuestionar que el PP vaya a posicionarse “en contra de los intereses de las comunidades autónomas y los ciudadanos” y en situar a Feijóo en la dicotomía de “si está por condonar o por condenar”.