La defensa de Iberdrola y Endesa de las nucleares espolea la batalla política del PP contra el cierre de las centrales

Algo se mueve en el debate sobre las centrales nucleares en España. El PP, que encabeza la batalla política -también Vox intenta tener su espacio- ha dado algunos pasos en el Congreso en las últimas semanas. Y vendrán más. La victoria parlamentaria que implicó aprobar una proposición no de ley que pedía alargar la vida de las siete centrales que hay en nuestro país gracias, además del apoyo de Santiago Abascal, a la abstención de Junts y ERC -los dos partidos independentistas catalanes que sostienen al Gobierno- evidenció que hay una mayoría de diputados que, como poco, quieren hablar del tema. Y las recientes declaraciones de Iberdrola y Endesa en la presentación de sus resultados anuales defendiendo revisar las fechas previstas es visto dentro del PP como “un paso importante” que refuerza su posición.

El Ministerio de Transición Ecológica sortea la presión y esgrime -también en enfrentamientos recientes con los populares en el Parlamento- que son las compañías eléctricas las que tienen que solicitar o no prolongar la vida de los reactores. Y que el Gobierno solo ajusta su planificación energética al calendario de cierres escalonados entre 2027 y 2035, atendiendo al pacto sellado entre las propias propietarias de las centrales y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2019. Por tanto, desde el Ministerio comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen se insiste en que no es una cuestión que dependa del Gobierno. 

Iberdrola y Endesa abogan por volver a negociar con el Gobierno el apagón nuclear

Pero esas compañías propietarias de las centrales -con Iberdrola y Endesa como principales operadores nucleares y accionistas con más o menos peso de casi todas las plantas- dieron un giro la semana pasada en su posición pública sobre el apagón nuclear. Tras años desarrollando una defensa más que tibia sobre las ventajas de la energía nuclear, los primeros espadas de las grandes eléctricas reclamaron que se reabra el diálogo sobre las fechas del desmantelamiento de las centrales y, sobre todo, acerca del establecimiento de nuevas condiciones para garantizar la rentabilidad de las plantas, el gran melón pendiente.

En todo caso y a la espera de que se produzcan esos posibles contactos entre eléctricas y Gobierno, las afirmaciones de Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola) y José Bogas (consejero delegado de Endesa) han dado alas al primer partido de la oposición, que lleva meses convencido de recuperar este debate en la esfera pública. La decisión de que hace dos semanas el PP llevará esa proposición no de ley (que no tiene efecto normativo, pero que insta al Gobierno a actuar) no fue una decisión aleatoria. Los conservadores tienen claras las batallas que quieren dar y, como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, también están trabajando en una Proposición de Ley que pretenden someter a debate en el Congreso.

Nuevos frentes políticos

Los apoyos de la anterior iniciativa actuaron de acicate y de ensayo. Y los números parlamentarios conseguidos se suman ahora a la nueva posición expresada públicamente por las empresas y a un contexto geopolítico que han confirmado al líder del PP la idea de seguir adelante, según explican fuentes conservadoras. Hace solo unos días Isabel Díaz Ayuso, uno de los principales activos del PP y que defiende también abrir el debate de las nucleares, estuvo dos días con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, defendiendo alargar la vida de la central de Almaraz, la primera en la lista del cierre.

Las razones por las que el Gobierno defiende el cierre de las nucleares

“Si esto ocurre será una mala noticia para toda España. Y seremos todavía más dependientes del gas ruso, algo que ya no nos podemos permitir”, lanzó la presidenta de la Comunidad de Madrid. En paralelo a los movimientos del PP, Vox también ha avanzado que va a llevar la situación de la central extremeña al Parlamento Europeo, consciente de que en Bruselas existen más sensibilidades al respecto. 

De hecho, los partidos de la oposición cargan duramente contra la exministra Teresa Ribera -ahora vicepresidenta comunitaria- porque desde sus nuevas funciones aprobar enormes paquetes de ayudas a las nucleares de otros países como Bélgica, tal y como ocurrió la semana pasada. El diputado del PP, Guillermo Mariscal, lo ha utilizado en debates recientes: “Ribera firmó la sentencia de muerte de las centrales españolas y ahora presenta un nuevo programa de energía nuclear. El PSOE defiende fuera lo que ataca dentro”, zanjó. 

Y además de PP y Vox, está por ver la posición que mantienen Junts y ERC, muy sensibles sobre el tema por el futuro de los reactores de Ascó y Vandellós, todos en Tarragona. Según aseguran fuentes populares a este diario, es previsible que debates similares lleguen pronto hasta el Parlament de Cataluña. Los conservadores han identificado este punto de conexión con el partido de Carles Puigdemont, pero para su sorpresa, incluso los republicanos catalanes han acercado posturas, precisamente por la importancia que tiene la nuclear en su comunidad autónoma (cerca del 60% de la electricidad consumida en Cataluña es producida por sus tres reactores nucleares). 

Jordi Sevilla advierte de que el cierre de las nucleares afectará al sistema eléctrico

En el PP defienden que este es un debate de fondo y que tiene mucho que ver con los escenarios internacionales que se abrieron a raíz de la guerra en Ucrania y que todavía pueden complicarse más ante el nuevo orden mundial que prevé imponer la Administración de Donald Trump, con la mayoría de líderes europeos replanteándose -ahora sí- la dependencia energética del continente. 

La presión de las eléctricas

El Gobierno lleva semanas esquivando la ofensiva política pronuclear emprendida por el PP y lo ha hecho esgrimiendo que la fecha de cierre de las centrales nucleares no la decide el Gobierno, que pedir autorización para alargar la vida de los reactores corresponde exclusivamente a las compañías eléctricas propietarias (fundamentalmente Endesa e Iberdrola, y con participaciones minoritarias en algunas centrales también Naturgy y EDP) y que las empresas no habían trasladado ninguna solicitud al respecto. 

Iberdrola y Endesa reclamaron la pasada semana, de manera más o menos explícita, abrir un diálogo directo con el Gobierno para debatir sobre la conveniencia de alargar la vida de las centrales nucleares y aplazar las clausuras programadas, y también sobre las cargas fiscales que soportan las plantas y que, según las compañías, hace inviable la rentabilidad futura de las instalaciones. La vicepresidenta Aagesen se ha escudado durante días en que estaba fuera de Madrid y no podía confirmar si había recibido por carta la petición de reunirse de las eléctricas, y ha esgrimido que desconocía que proponían las compañías exactamente tanto sobre fechas de cierre de los reactores como sobre la fiscalidad y retribución de las centrales. 

El comité de empresa de Almaraz pide a todos los implicados "soluciones" para que la planta siga operando

Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo). Ahora la posición de Iberdrola y Endesa parecen más alineadas y, por razones no exactamente coincidentes, reclaman reabrir el debate sobre cuándo cerrar las centrales nucleares. 

Tanto Iberdrola como Endesa están mostrando cada vez más claramente en público una posición de  defensa de prolongación de las nucleares como vía para asegurar el consumo intensivo de electricidad de grandes proyectos industriales (como los centros de datos o la extensión de la red de recarga de coches eléctricos) y hacerlo con una tecnología energética como la nuclear sin emisiones de efecto invernadero.

En paralelo, Foro Nuclear, la patronal de las nucleares, defiende mantener en marcha las centrales y ampliar el tiempo de operación de las plantas, pero con condiciones. Las compañías advierten que es imprescindible una gran rebaja de los impuestos que pagan las centrales nucleares o un nuevo sistema de retribución que garantice sus ingresos como condición para seguir funcionando.