El Gobierno evita dar por hechos los Presupuestos tras pactar con Junts la delegación de inmigración a Cataluña

El Gobierno no da por hecha la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año tras haber alcanzado con Junts el pacto más importante en todo lo que va de legislatura: la delegación de las competencias de inmigración a Catalunya, una polémica medida que socialistas y posconvergentes quieren hacer realidad a través de una proposición de ley que han registrado conjuntamente este martes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ni la portavoz, Pilar Alegría, ni la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, han celebrado este paso como el previo a las cuentas públicas, cuya entrada en vigor este año blindaría el convulso mandato de Pedro Sánchez. 

“La complejidad no ha cambiado. Ahora, se ha demostrado que es posible llegar a acuerdos. Queremos unos nuevos Presupuestos. La voluntad es tenerlos. Somos conscientes que tenemos que sudar la camiseta y hablar con todos. Vamos a seguir dialogando”, ha dicho Alegría. “Este es el Gobierno del diálogo”, ha añadido Saiz, que ha abierto la puerta a que otras comunidades autónomas, si así lo estiman oportuno, puedan pedir también la delegación de estas competencias. “Se estudiará con todo detenimiento”, ha dicho. Aun así, la sensación en la Moncloa es que las cuentas están ahora más cerca que antes, tras haber recompuesto la relación con Junts, el aliado más inestable de todos. 

Mientras tanto, Carles Puigdemont, líder de los posconvergentes, también ha sido cauto. “Carpeta a carpeta, tema a tema. Es muy atrevido hablar de Presupuestos porque aún no nos hemos sentado. Pero una cosa no perjudica la otra”, ha explicado el ‘expresident’ de la Generalitat. 

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Los recelos de los aliados de izquierda

Es esa “complejidad parlamentaria” que ha citado la portavoz del Ejecutivo la que provoca que no esté claro el destino de la proposición del PSOE y Junts, que establece el control compartido de las fronteras a Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, así como concede a la Generalitat la gestión de las expulsiones de inmigrantes cuando estas no necesiten expediente. Ahora comienza una larga tramitación parlamentaria, que se prolongará durante meses, en la que se necesita el apoyo de todo el bloque de investidura para que la nueva norma, que tendrá rango orgánico, salga adelante. 

Pero Podemos, con cuatro diputados, ya ha dicho que no piensa apoyar la proposición, debido a las presuntas similitudes en el discurso de los posconvergentes y la formación xenófoba Aliança Catalana. “El PSOE ha pactado con Junts, un partido anti inmigración que compite con la ultraderecha catalana, darles las competencias de migración. No se hará con nuestros votos”, ha señalado la secretaria general del partido morado, Ione Belarra. Otros aliados, como Compromís, también han expresado dudas. 

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“Es importante que todas las fuerzas buceen en el contenido de la proposición. Desde la exposición de motivos a todos los artículos. Desde esa lectura sosegada, los grupos tendrán la ocasión de hacer las aportaciones y mostrar sus posicionamientos. Invito al diálogo”, les ha contestado Saiz, quien también ha defendido la “constitucionalidad” del acuerdo, basado en el artículo 150.2 de la Carta Magna, y ha negado que la policía autonómica catalana vaya a tener el control de las fronteras catalanas. “No se cede el control de fronteras. Los Mossos actuarán en colaboración y coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado”, ha dicho antes de reclamar “cuidado con el lenguaje”, porque no se trata de una “delegación de competencias”, sino de una “cesión”. 

Respuesta a Feijóo

La ministra de Inclusión, por último, ha contestado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha tachado de “humillación sin precedentes” el pacto entre el PSOE y Junts. Saiz ha recordado el ‘pacto del Majestic’ suscrito en 1997 entre José María Aznar y Jordi Pujol, que incluía la transferencia de las competencias de Tráfico, el 30% del IRPF y la gestión directa de los puertos. “Hasta el año pasado, Aznar definía ese acuerdo como ‘bueno para España’. Es inconcebible que el PP lo califique así, pero cuando el PSOE alcanza acuerdos diga que rompen España y atentan contra el Estado. Un poco de coherencia”, ha concluido.