Portazo del juez del caso hidrocarburos al PSOE: ordena que presente su escrito de queja a través de Hazte Oír

El juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional la presunta organización criminal liderada por Víctor de Aldama, --a la que se le acusa de cometer un fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos--, dictó el pasado 28 de febrero una providencia en la que frenaba la intención del PSOE, que está personado en el procedimiento, de trasladarle una queja contra su decisión de unificar bajo la dirección letrada de la asociación Hazte Oír a todas las acusaciones populares, entre las que se encuentran, además de los socialistas, el PP y Vox.

"Habiéndose dictado auto cesando sus representaciones no ha lugar a lo solicitado debiendo presentarlo a través de su representación y dirección letrada correspondiente", dice de forma escueta el magistrado en la providencia, con la que el instructor daba un 'portazo" a los reproches de los socialistas, que consideran "absurda" y "disfuncional" la agrupación de las acusaciones acordada en un auto de 10 de febrero de 2024.

En concreto, los socialistas critican que Hazte Oír presentara un recurso con el que pretendían insistir en que una parte de la trama de los combustibles, en concreto la adjudicación de una licencia a la empresa Villafuel, se relacionara con José Luis Ábalos y, por tanto, se investigara en el Tribunal Supremo. En este escrito, Hazte Oír "ya aclaraba al Juzgado que mientras algunas de las acusaciones agrupadas estaban a favor de la inhibición, el PSOE estaba en contra", recuerdan los socialistas.

"En nombre del PSOE"

"El contenido del referido recurso de reforma muestra a las claras que dice actuar en representación del Partido Socialista, pero no ha recibido instrucciones de mi cliente, ni expresas ni tácitas, para presentar dicho recurso. De hecho, ni el Partido Socialista ni su dirección letrada han sido consultados para esta iniciativa", completa el escrito del PSOE, que resaltaba que nadie les interpeló "en absoluto en relación a la pertinencia, fundamento, oportunidad o interés de su presentación".

Y la falta de convergencias de las acusaciones populares agrupadas, prosigue el PSOE, convierte el recurso contra la decisión de no trasladar al Tribunal Supremo una parte de las pesquisas del caso hidrocarburos "en un puro ejercicio de sinrazón, por el cual a esta parte no sólo se le impone actuar bajo una representación que le resulta extraña, con lesión de su derecho a la acción penal reconocido por la Constitución, sino que tiene que contemplar cómo se presentan escritos en su nombre --pero sin su consentimiento-- con las iniciativas más peregrinas".

Un derecho constitucional

"No existe ninguna disposición normativa que avale este modo de proceder", destaca el escrito del PSOE, que recuerda al juez Pedraz la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que condiciona la posibilidad de la agrupación de las acusaciones populares en una causa judicial a una “suficiente convergencia de intereses", algo que en este caso es "completamente inexistente".

Esta no es la primera vez que el PSOE muestra su desacuerdo con la decisión del juez del procedimiento, Santiago Pedraz, de unificar a todas estas acusaciones. Y por eso interpuso un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra esta decisión del magistrado, que según los socialistas concede una "preferencia absoluta a la tramitación de los procedimientos sin dilaciones indebidas", sin tener en cuenta que la acusación popular es un derecho constitucional.