Sumar pide una comisión para investigar a Díaz Ayuso y su pareja por los contratos sanitarios con Quirón

En una legislatura en la que se reúnen más las comisiones de investigación que las legislativas, Sumar ha registrado este miércoles una nueva solicitud en el Congreso para indagar sobre "la eficacia y la eficiencia del modelo de gestión sanitaria público privado" con el principal objetivo de examinar los contratos firmados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el grupo Quirón. Los de Yolanda Díaz, que aún no tienen asegurados los apoyos a su iniciativa, ya han avisado de que el primer compareciente será la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, por "su posible relación de comisionista con Quirón durante la pandemia".

El texto registrado por Sumar, que cuenta también con la firma de ERC, señalan que el grupo Quirón gestiona cerca de ocho centros de salud públicos solo en la Comunidad de Madrid y que la "opacidad en la información sobre los contratos y la colaboración público-privada dificulta el control" de los mismos. "Ante la gravedad de las irregularidades detectadas y el posible trato de favor en la contratación púbica en el ámbito sanitario, resulta imperativo crear una comisión de investigación", sentencian.

A este respecto, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha asegurado que "una vez arranque esta comisión" la primera persona que citarán es a González Amador, al que se ha referido como "Alberto Quirón". Esta es la forma en la que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tenía guardado en su teléfono móvil a González Amodor. Además, Sidi ha insistido en que el Ejecutivo autonómico está "blindando" a Quirón y que es por ello que quieren reclamarle explicaciones.

No obstante, Sidi ha asegurado que la comisión ampliará su investigación a toda España. "En España, la sanidad es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, lo que ha generado una gran heterogeneidad en la gestión sanitaria. Esta descentralización ha dificultado la coordinación y el control de las prácticas de contratación pública, propiciando la aparición de irregularidades en algunas comunidades, donde se han materializado sospechas de tratos de favor a determinadas empresas adjudicatarias", reza el escrito registrado.