El acuerdo migratorio del Gobierno con Junts aleja aún más a las CCAA del PP para el reparto de los menores

El PP extenderá su cruzada contra el último acuerdo entre el Gobierno y Junts -la proposición de ley que delega competencias estatales en materia de inmigración a la Generalitat- a las comunidades autónomas donde gobierna. Todos los presidentes autonómicos conservadores rechazan el texto firmado por socialistas e independentistas -que aún debe aprobarse en el Congreso- y en el partido ven completamente inviable cualquier tipo de acercamiento en materia de inmigración con el Ejecutivo, especialmente tras “esta nueva cesión”, que para Alberto Núñez Feijóo es “la más grave de la historia constitucional”.

El líder del PP acusa a Pedro Sánchez de “comprometer la seguridad nacional” y en la dirección nacional popular tildan de “racista” la propuesta, afirmando que “han comprado el relato de los independentistas una vez más”, ahora, recalcan, “hasta la xenofobia”. Y mientras este acuerdo se ha firmado lo que sigue pendiente es la distribución de los menores migrantes llegados a las costas de Canarias. Tras muchos meses de intentos por parte del Gobierno para reformar la ley de extranjería y que la acogida pase a ser obligatoria y estructural cuando haya situaciones de presión máxima como ahora, el PP se levantó de la mesa al no ver atendidas sus peticiones.

Vox rompió los gobiernos autonómicos el pasado verano, precisamente, porque los conservadores sí aceptaron la acogida de 400 menores que ya estaba decidida. Pero las comunidades del PP se plantaron en el siguiente paso, reclamando al Gobierno recursos estatales para hacer frente, sobre todo en autonomías que se dicen colapsadas. Es el caso de Andalucía, Murcia o Ceuta. También Baleares alegó la incapacidad de nuevas acogidas. Y tras el acuerdo con Junts, los populares han recrudecido todavía más su rechazo, sin esconder la indignación que sienten al ver “el trato” a Cataluña.

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En este momento, insisten fuentes del PP, es imposible alcanzar un acuerdo. La ministra Elma Sáiz, como publicó este diario, da por hecho que esta reforma de la ley de extranjería vuelve a encarrilarse gracias al pacto con Junts. La cesión de algunas competencias como la seguridad de puertos y aeropuertos, la gestión de los CIE o la devolución de migrantes permitirían que los independentistas aprobaran la reforma relativa a los menores migrantes en el Congreso. Eso evitaría la necesidad de contar con el PP. Sin embargo, la batalla está servida porque las comunidades amenazan con ir a la Justicia y ponen el foco en la sospecha de que Cataluña quede fuera del reparto. 

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se quejó con claridad al respecto: “Mientras otras autonomías estamos colapsadas y el Gobierno no nos da los recursos suficientes para atender a los inmigrantes en condiciones de dignidad, vemos que cede competencias en esa materia a Cataluña con el dinero y el presupuesto que sea necesario”. El PP en esa autonomía apoyó, precisamente ayer, una propuesta de Vox que insta al Ejecutivo central a repatriar a aquellos menores que llegaron a Murcia sin sus padres.

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También el andaluz Juan Manuel Moreno cargó duramente contra el pacto con Junts este miércoles, preguntándose por qué el partido independentista “quiere tener esas competencias” y “por qué Cataluña, sí; y el resto de las comunidades, no”, dando por hecho que la otra exigencia de Carles Puigdemont es que “a esa comunidad se la deje al margen del reparto de menores no acompañados”.

Moreno, como han hecho otros dirigentes del PP, fue al asunto de fondo, reprochando a Sánchez “que se denomine progresista” mientras pacta con un partido, “que no es precisamente de izquierdas” y que tiene “una política migratoria determinada” que busca también “trocear las bases naturales que tiene el Estado para hacer políticas de progreso”. 

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También en Génova agitan la idea del coste político que puede tener para el PSOE haber cerrado este acuerdo a la espera de ver si cuentan con los votos necesarios. Podemos ya ha dicho que no lo apoyará en el Congreso. Mientras tanto, los populares pretenden agitar el debate y ya han presentado una iniciativa en la Cámara Baja que pide votar la garantía de que las competencias en materia de inmigración son indelegables a las comunidades, y que las debe ejercer de manera efectiva. 

Ayer Feijóo elevó mucho el tono al asegurar que este pacto pone en riesgo “la seguridad nacional” y que es la cesión “más grave” hecha hasta el momento porque “desborda la coyuntura local” y va “en contra del artículo 149 de la Constitución que habla de competencias”, pero también del artículo 2, “que defiende la unidad de la nación”.