Los primeros presuntos testaferros de Aldama que declaran ante el juez se amparan en que en Canarias no se paga el IVA

En casos de corrupción es difícil que los imputados que declaran por primera vez ante el juez opten por una estrategia distinta a la de negarse a declarar. Como mucho, contestan a las preguntas que les formulan sus abogados. Oriana Elisett Aciego, considerada una de las testaferro de la trama de hidrocarburos presuntamente liderada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, ha optado por esta táctica para afirmar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que, como administradora de Canary Islands, consultó con una asesoría qué impuesto debía abonar, si el IVA o el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), y la respuesta fue que ninguno.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Villafuel, la empresa con la que la trama presuntamente dirigida por Aldama y su socio Claudio Rivas defraudó 184 millones de euros en solo una de las 10 operaciones que investiga en relación con hidrocarburos, "interpuso a la suministradora Canary Islands Fuel Company para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente". Según los investigadores, la entidad canaria era "utilizada por la organización criminal para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad".

Oriana Elisett Aciego fue socia y administradora única de Canary Island -actualmente en situación de concurso- desde el 15 de mayo de 2022 hasta el 23 de febrero de 2024. La Guardia Civil calcula que en ese periodo la compañía acumuló una cuota defraudada de 5.657.826 euros en 2022 y 4.096.598 en 2023. Fuentes jurídicas han señalado que se ha negado a contestar a las preguntas del magistrado, del fiscal Anticorrupción Luis Pastor y de Hazte Oír que ejerce la dirección de las acusaciones populares personadas en la causa. Únicamente accedió a responder a su abogado.

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El otro imputado citado a declarar este viernes ante el juez, Félix Aparicio Vicente, administrador y socio único de la suministradora Salamanca Fuel Center hasta el 24 de marzo de 2023, se negó a contestar a ninguna pregunta. El 9 de enero de 2023 tanto él como Aciego se hospedaron en el Hotel Palace de Madrid, lo que la UCO considera una prueba de las conexiones de la trama presuntamente liderada por Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas.

Con Aciego y Aparicio son tres los imputados que el juez Santiago Pedraz ha interrogado ya en relación con el presunto fraude fiscal de 184 millones de euros por el impago del IVA correspondiente a hidrocarburos que investiga. Entre marzo y abril lo harán unos ochenta. El primero en comparecer ante el magistrado fue el considerado por la UCO "cerebro de la operativa", Francisco Javier Cillán Contreras, que aseguró actuar como un simple administrativo y que las órdenes las daban María Luisa Rivas Ruiz-Capillas, hermana de Claudio Rivas, y Pedro Antonio Marín, administrador único desde el 10 de noviembre de 2020 de Villafuel, la principal empresa de la red corrupta. Explicó que si en las pruebas recabadas por la UCO consta que dio órdenes a otros empleados es porque la dirección de la trama impartía las mismas a los administrativos.