El Gobierno acelera el decreto sobre pisos tutelados con sanciones a las CCAA tras el asesinato de Badajoz

El Gobierno ultima un real decreto para marcar a las comunidades autónomas unos protocolos comunes en sus respectivos sistemas de acogida de menores tutelados. Se trata de estandarizar el sistema con exigencias de mínimos en lo referente al tipo de centros, infraestructuras e itinerarios formativos, pero sobre todo para rebajar las ratios sobre el número de menores y trabajadores sociales asignados. El ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, lleva varios meses trabajando en este borrador con consultas a todos los sectores afectados, pero ha acelerado el proceso tras el asesinato de una educadora presuntamente por menores de un piso tutelado en Badajoz la noche del pasado domingo.

“Estamos preparados para salir ya con la propuesta”, explican fuentes cercanas a la ministra, para avanzar que la próxima semana se iniciarán los trámites. El objetivo es arrancar el trámite habitual de consulta y coordinación con otros departamentos para llevarlo al Consejo de Ministros en un plazo de entre cuatro y cinco semanas. La principal novedad, tras tener el visto bueno de los servicios jurídicos por un posible conflicto competencial, es que se incluirá en el decreto un régimen sancionador para las comunidades autónomas que no se adecuen a los nuevos protocolos o vulneren la obligación de informar al Estado sobre las inspecciones, que seguirá recayendo en las comunidades.

La Junta de Extremadura reconoce que había "incidencias" con los menores detenidos por la muerte de la educadora en Badajoz

Uno de los objetivos es acabar con lo que se denominan “macrocentros”, pero también establecer unos mínimos “para elevar la calidad del sistema de acogida mejorando las condiciones laborales y la situación de los menores”. De ahí que vayan a establecerse no solo mecanismos de sanción en caso de vulneraciones, sino mecanismos de coordinación entre administraciones. Todo ello, según remarcan desde el departamento de Juventud e Infancia, con unos estándares centrados en proteger los derechos de los menores para encauzar un proyecto vital y la protección de los derechos de los trabajadores.

El suceso de Badajoz, según reconocen estas mismas fuentes, “exige estandarizar” el sistema. La víctima, que llevaba varios años desempeñando este trabajo, ya habría tenido problemas anteriormente con los presuntos implicados en su muerte, a los que había denunciado en más de una ocasión. En el momento de la agresión, la víctima sería la única trabajadora que estaba con los menores en la vivienda, ubicada en la calle Castillo de Benquerencia.

Los compañeros de la educadora asesinada han calificado de “insostenible” la situación a la que se enfrentan, como ha informado El Periódico de Extremadura. “Hay fugas, amenazas constantes, robos... pero hasta este punto no se había llegado nunca”, describió una trabajadora para criticar que esta vivienda residen cuatro menores y que lo habitual es que solo haya un trabajador al cargo por turno.

Denuncias previas

La Junta de Extremadura ha reconocido este martes que existían "incidencias relativas por diferentes conductas" con los menores detenidos por la muerte de la educadora social. Unas "incidencias" que ya habían sido puestas en conocimiento de la justicia, como indican los protocolos, y la Consejería de Salud y Servicios Sociales estaba a la espera del pronunciamiento judicial para tomar medidas.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, también ha dado cuenta de la existencia un informe elaborado por los "diferentes trabajadores de la vivienda en el que se alerta de una serie de "incidencias por diferentes conductas" que no ha querido detallar para preservar la intimidad de los menores. La empresa elevó este informe al servicio de Menores de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que a su vez dio cuenta del mismo a la justicia. La empresa elevó este informe al servicio de Menores de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que a su vez dio cuenta del mismo a la justicia.

A raíz de este informe, el juez puede decretar un cambio de recurso, es decir, su derivación a un centro de menores. Era el pronunciamiento que la Junta de Extremadura estaba esperando, sin poder haber hecho mientras tanto nada más que el traslado de los jóvenes a otra vivienda de régimen abierto.