Una pericial descarta que la Abogacía de Estado enviara los documentos en los que la pareja de Ayuso reconocía delitos

Una pericial informática encargada por la defensa de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada junto al fiscal general por vulneración de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, descarta que desde la Abogacía del Estado se reenviara el correo electrónico en el que la defensa del empresario reconocía dos delitos de fraude de cara a alcanzar un pacto con la Fiscalía entre las 00.00 horas del 2 de febrero hasta las 9.30 horas del 14 de marzo de 2024, lo que descartaría que los Servicios Jurídicos del Estado pudieran ser responsables de la filtración investigada, pese a que la defensa ha basado sus últimos escritos en el dato de que el abogado de Alberto González Amador también envió el correo a la Abogacía del Estado.

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"En absoluto existe evidencia que respalde el reenvío del correo objeto del dictamen o el contenido de la carta publicada en prensa", concluye el informe al que ha tenido acceso este periódico, y que hace referencia tanto al correo como a la carta con el mismo contenido que acabó siendo reenviada al exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato por una exasesora de Moncloa. La prueba vuelve a situar el foco en la Fiscalía como origen de la supuesta filtración, al descartar la vía de la Abogacía del Estado a la que también mandó la propuesta de pacto la defensa del novio de Ayuso.

Según el análisis del ingeniero en informática Eugenio Picón, el análisis de los registros del sistema de correo electrónico Microsoft 365 de la Abogacía General del Estado descarta que el miembro de este órgano al que llegó esta información haya enviado ni el correo o el contenido de la carta. Dice también que el interlineado y el espaciado entre párrafos del correo recibido por el abogado el Estado no coinciden en absoluto con los de la carta publicada en prensa, lo que "descarta por completo que la carta publicada en prensa sea una impresión directa de correo recibido".

El experto señala que el único reenvío que realizó el abogado del Estado que recibió el correo de Carlos Neira, abogado de González Amador, fue a "un funcionario del departamento de Penal de la Abogacía General del Estado con el asunto 'Aviso de delito fiscal'". En ese mensaje, que "en absoluto contiene un reenvío del mensaje recibido y objeto del dictamen", se dice: "El delito fiscal que va a entrar se refiere a Maxwell, cuyo administrador único es" Alberto González Amador "(este será el querellado) IS 22020 y 2021". El funcionario se comprometió a avisarle en cuanto llegara.

El abogado del Estado también contestó al letrado Carlos Neira para señalarle de que la Abogacía del Estado aún no era parte. "Buenas tardes: Todavía no nos ha entrado el procedimiento. He dejado el aviso para que me lo notifiquen en cuanto llegue. ¡Muchas gracias! Un abrazo y buen fin de semana", decía el texto. 

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El informe detalla que el 2 de febrero de 2024, a las 12.56 horas, Carlos Neira "envió al abogado del Estado el correo objeto del dictamen, el cual supuestamente contenía la misma información remitida 10 minutos antes al ministerio fiscal, junto con contenido adicional". Aunque él no había tenido acceso al correo de este último, con el contenido del mensaje que recibió el abogado del Estado se comprueba que antes se lo remitió a la Fiscalía.

"Sin embargo, el contenido del correo recibido por el abogado del Estado no coincide con la versión publicada en prensa, lo que podría indicar una modificación en este segundo envío (si bien no se puede confirmar, ya que no se ha tenido acceso al correo original recibido por el ministerio fiscal). Además, el correo dirigido al abogado del Estado incluye una sección adicional explicativa referente al correo enviado al ministerio fiscal que no figura en la versión publicada en prensa". 

Indudable trascendencia

Aunque todo ello lo descartaría como fuente de la filtración, el informe pericial se ha incluido en la causa principal a petición de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que alega su "indudable trascendencia", tanto "porque en la querella y sucesivos escritos procesales del señor González Amador no se ha hecho ninguna referencia a que un correo similar, o idéntico, al enviado a la fiscalía [...], como porque dicha pericial es relevante al analizar las divergencias existentes entre el correo remitido a la fiscalía y a la Abogacía del Estado", así como el que fue publicado en diversos medios de comunicación en las primeras horas del día 14 de marzo.

Para Sánchez Conde, que comparte la línea argumental de los imputados, el que se enviara el correo también a los Servicios Jurídicos del Estado "debería ser objeto de explicación, dado que el número de destinatarios del referido correo y la identidad de los mismos no se acomoda a lo imputado en las actuaciones".