El Gobierno rectifica y retira el recurso contra el plazo del Supremo para hacerse cargo de un millar de menores migrantes

Las gestiones políticas de última hora entre el Gobierno central y el de Canarias han acabado en la retirada del recurso de la Abogacía del Estado contra el plazo dado por el Supremo para que el Estado se hiciese cargo de un millar de menores migrantes. Según fuentes de las negociaciones, se presentó un recurso contra la decisión del Supremo tras dar un plazo de diez días al Gobierno para que a la Administración del Estado garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a más de un millar (1.221) de menores migrantes no acompañados. Actualmente se encuentran a cargo de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, dicho recurso “se retiró” ayer a primera hora de la tarde tras llegarse a un acuerdo.

La Abogacía lo presentó en tiempo y forma en un intento de “aclarar” diversas cuestiones, pero el Gobierno rectificó tras una reunión entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Las mismas fuentes conocedoras de las negociaciones califican el encuentro de resolutivo, por lo que se desistió de la decisión inicial de plantear batalla jurídica. Prevalece así el acuerdo político de “colaboración y cooperación”.

El Supremo da diez días al Gobierno para hacerse cargo de un millar de menores no acompañados en los centros de acogida canarios

Aunque desde el Ejecutivo se sigue manteniendo que el plazo de diez días es complejo para determinar los recursos y activar todo el proceso, pues la Administración del Estado atiende por competencias a adultos migrantes y no menores no acompañados, se asume el nuevo escenario. Eso sí, se matiza que se habla de acogida y no de tutela, por lo que la guardia y custodia de los menores no tendría que pasar del gobierno canario al central.

El auto del Supremo requiere que se le informe de las medidas que se adopten en virtud de este requerimiento, y transcurrido dicho plazo la Sala decidirá sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de la medida cautelar adoptada. El auto por el que se acuerda la medida cautelar positiva ha sido dictado a instancias del Gobierno de Canarias, que previamente había requerido al Gobierno de España la adopción de dichas medidas.

Sólo refuerzo del Estado

Antes de que el Tribunal Supremo acordara fijar el plazo para la atención de los menores ya había escuchado los argumentos del Gobierno que, a través de la Abogacía del Estado, esgrimió para oponerse a la medida que "al Estado le compete realizar una mera labor de refuerzo en materia de acogida de menores migrantes no acompañados solicitantes de protección internacional, siendo la competente la administración autonómica". Para la administración central "no existe ninguna actuación material positiva a la que esté obligada la Administración, sin perjuicio de la colaboración de la Administración estatal que ya se viene prestando". 

En este marco argumentaba el recurso ahora retirado, que volvía a sostener que la competencia para la acogida de estos menores corresponde a la comunidad autónoma canaria, independientemente de que hayan solicitado protección internacional.

El plazo dado al Gobierno que concluye la próxima semana, afecta a un total de 1.221 menores que migrantes no acompañados que actualmente se encuentran a cargo de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además de hacerse cargo de ellos, la Secretaría de Inmigraciones deberá informar de las medidas adoptadas al alto tribunal, que se reserva la posibilidad de celebrar una vista pública para analizar su cumplimiento.

La decisión se adoptó a instancias del Gobierno de Canarias, que previamente había requerido al Gobierno de España la adopción de medidas para hacer frente a la situación en los centros donde están ingresados los menores. Antes de ello, los magistrados hicieron un estudio preliminar sobre las competencias de cada administración que concluyó que el sistema estatal de acogida no ha sido puesto a disposición de los menores llegados a Canarias. 

"Interés superior" de los menores

Se trata de corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores que según el Supremo "resulta notorio se encuentran", lo que es "abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger".

El Supremo se apoya para exigir la intervención del Estado tanto en la ley de asilo 2009 como el reglamento por el que se regula el sistema de acogida, que se aprobó en 2022 por Real Decreto, diseñan un completo sistema de acogida para los solicitantes de asilo en el que se incluyen, entre otros, el derecho a “los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad”.

Desde Barcelona, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó esta acción del Ejecutivo de retirar el recurso que había presentado contra las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo.

Bolaños, según recoge Europa Press, explicó que el auto de medidas cautelares que el Supremo dictó la semana pasada establecía un plazo de 10 días para que el Gobierno de España, "en cooperación con el Gobierno de Canarias". Y añadió que desde el Gobierno central están trabajando con el Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo para dar cumplimiento a ese auto del Supremo.

En este sentido, recordó que la reunión de este jueves entre ambos gobiernos fue "muy productiva" porque, a consecuencia de la misma, el Gobierno central retiró el recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado contra el auto de medidas cautelares. "La reunión de ayer del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias es la muestra de que queremos hacerlo con lealtad institucional, como muestra de buena fe negociadora", concluyó Bolaños.