Así queda la orden de detención que pesa sobre Puigdemont tras el último revés del Supremo: las 4 claves

La negativa del Tribunal Supremo a no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que está procesado en rebeldía el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont conlleva que ni su situación procesal ni la orden de detención que tiene impuesta si pisa España se vean modificadas, pero ello puede cambiar a medida que el Tribunal Constitucional vaya pronunciándose sobre la ley de amnistía, lo que tiene previsto hacer antes del verano con el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el PP. Estas son las claves para entender cuándo el presidente de Junts puede ver modificada la medida cautelar impuesta con independencia de que el Supremo acabe acudiendo a la justicia europea.

El Supremo cierra la puerta a aplicar la amnistía a Puigdemont, que ya puede acudir al Constitucional

Próximo paso: pedir la nulidad

Una vez resuelto el recurso de apelación de Puigdemont por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, su abogado, Gonzalo Boye, interpondrá un incidente de nulidad ante el propio alto tribunal antes de dar el paso de recurrir en amparo ante el Constitucional la no aplicación de la amnistía a los procesados en rebeldía por el 'procés': el propio expresidente de la Generalitat y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig. De esta forma concluye toda la tramitación previa ante la justicia ordinaria y evita cualquier posibilidad de que su impugnación en la corte de garantías no sea admitida a trámite.

Recurso de amparo por no ser amnistiado

Una vez que la petición de nulidad de las actuaciones sea rechazada, la defensa interpondrá el correspondiente recurso de amparo, al considerar que se han vulnerado los derechos del expresidente catalán al no aplicársele la ley de amnistía, prevista justo para el 'procés'. La impugnación rebatirá la conclusión del Supremo de que la financiación del referéndum ilegal del 1-O supuso un enriquecimiento personal para sus organizadores, porque les permitió destinar fondos públicos en lugar de propios a la consulta. Si el TC estima el recurso, la orden de detención nacional será retirada por el juez Pablo Llarena, con independencia de que la aplicación de la amnistía ya haya sido elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el Supremo, al entender que, pese al visto bueno del TC, los intereses europeos se vieron afectados.

Impugnaciones que se resolverán antes

No obstante, Puigdemont puede intentar que se le revoque la orden de detención antes. En cuanto el Tribunal Constitucional resuelva el primer recurso de inconstitucionalidad presentado, el del PP -que al ser el más amplio marcará el camino de las impugnaciones posteriores-, podrá reclamar a Llarena que lo tenga en cuenta y modifique su situación personal en el sentido marcado por la corte de garantías. Si, como se espera, valida la constitucionalidad de la amnistía, no tiene sentido mantener en vigor una orden de detención.

También lo puede reclamar si el TC estima los recursos de amparo interpuestos por los condenados por malversación por no habérseles aplicado la amnistía: el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa. En ese caso, aunque no se haya resuelto la impugnación propia de Puigdemont, carecería de sentido mantenerle con la amenaza de ingresar en prisión ante la improbable previsión de que el procedimiento termine en juicio.

Consulta a Europa

Y ello con independencia de que el Tribunal Supremo eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, como ha anunciado para el caso de que el Constitucional avale la ley de amnistía. Aunque plantear la consulta supone la paralización del procedimiento hasta su resolución, eso casa mal con el mantenimiento de una medida cautelar tan grave como es restringir la libertad de una persona. De tal forma que aunque se consulte a Europa, Puigdemont no tendrá que esperar a su resolución para librarse de la medida cautelar ahora impuesta, al igual que el juez Llarena rechazó hace meses la posibilidad de librar una nueva euroorden contra él.

La pena de inhabilitación que aún cumplen los condenados por la Sala Segunda del Supremo en octubre de 2019, en cambio, sí podría mantenerse hasta que se pronuncie el tribunal con sede en Luxemburgo, lo que podría complicar las opciones de Junqueras a concurrir en futuros comicios, dado que se trata de una medida mucho menos gravosa que un arresto en caso de pisar suelo español.