El Gobierno de Aragón invirtió casi 2.500 millones en asistencia sanitaria en 2023

La Cámara de Cuentas analiza en su informe la cuenta de la comunidad y muestra que los ingresos llegaron hasta los 7.919 millones de euros, mientras que los gastos se quedaron en 7.832 millones

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús María Royo.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús María Royo. / CORTES DE ARAGÓN.

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Cámara de Cuentas de Aragón ha publicado el informe de fiscalización de la Cuenta General de la comunidad autónoma de Aragón del ejercicio 2023, que presentará su presidente, Jesús María Royo, este jueves en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas. En 2023, la comunidad autónoma gastó 7.832 millones de euros e ingresó 7.919 millones. Por políticas de gasto, el mayor volumen se concentró en asistencia sanitaria, 2.499 millones de euros, en los programas de educación no universitaria, con 1.040 millones, en la política agraria común, con un gasto de 415 millones y en servicios sociales, que sumaron un gasto de 399 millones de euros. Al margen de los servicios esenciales, el segundo programa con mayor gasto es el correspondiente a la amortización y gastos financieros de la deuda, con 1.438 millones de euros.

Por capítulos del presupuesto, los gastos de personal sumaron 2.690 millones, transferencias corrientes 1.802 millones, bienes y servicios, 1.183 millones de euros y los pasivos financieros, 1.337 millones.

En cuanto a los ingresos, el 56% -4.427 millones- procedieron de las aportaciones del Sistema de Financiación Autonómica, 1.568 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 560 millones de la recaudación por los tributos propios y cedidos y 383 de las transferencias comunitarias para la PAC. El endeudamiento de la comunidad en este ejercicio se situó en 9.185 millones a la finalización del cuarto trimestre, casi dos puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas.

A pesar del incremento de los tipos de interés de la zona euro, los gastos financieros se mantienen en niveles relativamente bajos, suponiendo 9 millones más que en el ejercicio 2022. Además, la gran mayoría de la deuda cubre el déficit consecuencia de la prestación de bienes y servicios básicos del estado de bienestar. El remanente de tesorería fue negativo por 997 millones de euros, 1.052 con los ajustes propuestos por los auditores. Este dato mejora levemente respecto al ejercicio anterior debido a una mayor captación de fondos líquidos y un aumento de los derechos pendientes de cobro.

El resultado presupuestario fue positivo por 38 millones de euros, lo que significa que en términos de contabilidad presupuestaria los ingresos presupuestarios del ejercicio fueron suficientes para financiar las obligaciones reconocidas en 2023. No obstante, una vez ajustados los gastos e ingresos en términos de contabilidad nacional, la comunidad autónoma registró unas necesidades de financiación --déficit-- de -326 millones de euros, equivalentes al -0,70% del PIB regional.

Facturas del Salud

Por su parte, el saldo de la cuenta de gastos pendientes de imputar al presupuesto se incrementó en 117 millones hasta los 323, de los cuales, la auditoría confirma que 185 millones son facturas del Salud no imputadas por falta de presupuesto -58% del total del saldo de la cuenta 413-, y 74 millones son atrasos por carrera profesional al personal estatutario fijo, cuyo reconocimiento y actualización acumula demoras de varios ejercicios.

El informe señala que las cuentas de la comunidad autónoma reflejan fielmente la imagen de su patrimonio, situación financiera y resultados económico-presupuestarios. No obstante, el trabajo recoge salvedades, como la ausencia de contabilización de algunas instalaciones de depuración por parte del Instituto Aragonés del Agua o la falta de imputación al presupuesto 2023 de gastos del propio ejercicio o de ejercicios anteriores, que se recogen en la cuenta 413 "acreedores por operaciones devengadas". En cuanto a la opinión de legalidad se han identificado algunos incumplimientos de la normativa, y se ha detectado la corrección de otros que venían produciéndose en ejercicios anteriores.

En lo relativo al periodo medio de pago a proveedores, el valor promedio anual asciende a 36,82 días en 2023, por lo que a pesar de que no cumple el plazo máximo legal de 30 días, se ha mejorado considerablemente respecto al dato del año anterior, 50,94 días. Igualmente, el informe señala que en 2023 el Gobierno de Aragón convalidó gastos por 33 millones de euros, el 78% por haberse realizado sin contrato, 16 puntos menos que en el ejercicio 2022. El 57% del gasto convalidado corresponde al Departamento de Educación, principalmente por el gasto de transporte.

Del análisis relativo al Salud, se han detectado incorrecciones en el inventario de existencias, exceso de horas de atención continuada por parte de algunos profesionales sin el adecuado control o retrasos significativos en el reconocimiento de la carrera profesional del personal sanitario.

Fondos europeos de Recuperación

La implementación de los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) mostró una mejora en el ejercicio analizado, alcanzando un 32,2% de ejecución, lo que representa un incremento superior al 10% respecto al año anterior. Sin embargo, las cantidades sin utilizar crecieron en 120 millones de euros, que al sumarse a los 492 millones acumulados en 2021-2022, resultan en un total de 612 millones pendientes de ejecución al finalizar 2023.

Los expertos en auditoría señalan que esta baja tasa de ejecución implica una mayor presión administrativa en el futuro, considerando que el plazo final para completar el programa es el 31 de diciembre de 2026. Esta fecha límite es crucial para asegurar el aprovechamiento total de los fondos disponibles.

En contraste, las demás inversiones mantienen un ritmo positivo, con una ejecución de 236 millones de euros en 2023, lo que refleja un desempeño más dinámico en comparación con los fondos del MRR.

El informe incluye un análisis específico de la temporalidad del empleo en el sector público autonómico en el periodo 2018-2023. Durante este tiempo se han aprobado 14.805 plazas en administración general, sanidad y educación, 6.451 ofertadas para plazas de estabilización y 8.354 para reposición de efectivos. Pese a los esfuerzos realizados por la comunidad para reducir la temporalidad, a cierre de 2023, la comunidad autónoma tenía 60.399 empleados públicos con una temporalidad del 50,3%, porcentaje representativo de todos los ámbitos sectoriales, incluyendo el sanitario -temporalidad del 51,3%-, el educativo -temporalidad del 46,6%- y el de servicios generales -temporalidad del 56,3%-.

Debido a la constitución, en diciembre de 2023, de la sociedad La Nueva Romareda, S.L. se ha analizado, exclusivamente, la adecuación a la legalidad de las aportaciones comprometidas por el Gobierno de Aragón -40 millones- y su correcto reflejo contable y presupuestario, no observándose incidencias en estas cuestiones.

El informe de la Cuenta General de la comunidad autónoma del ejercicio 2023 presenta cinco nuevas recomendaciones, entre las cuales, la Cámara de Cuentas propone aumentar el grado de ejecución de los fondos Next Generation, o extender las obligaciones de publicidad activa a todas las operaciones de importe relevante que tramite el Gobierno, con independencia del instrumento jurídico utilizado. En relación con el Salud, se recomienda mejorar el control que ejercen los servicios centrales sobre los inventarios de existencias y sobre la compra directa de suministros, además de modificar las normas de acceso a la carrera profesional.

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