El Supremo ve indicios para imputar a la expresidenta de Adif por la contratación de la expareja de Ábalos

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha deducido testimonio y ha remitido a la Audiencia Nacional todos los indicios que involucran a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en lo que considera una "irregular y caprichosa" contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Al no ser aforada, el instructor del caso Ábalos deja su imputación en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, en el que se inició la investigación del caso Koldo hasta que aparecieron indicios contra el ahora diputado del grupo mixto, que por esta circunstancia solo puede ser investigado por el Supremo.

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Puente ha remitido a la Audiencia todas las actuaciones relacionadas con la contratación de Rodríguez en las dos empresas públicas para que valore si hay suficientes indicios de criminalidad para imputar por ellas a la expresidenta de Adif. Para que el juez Ismael Moreno lo valore le remite los documentos presentados en el alto tribunal tanto por Ineco como Tragsatec en relación con los dos contratos, así como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado en la causa y la declaración que prestó como testigo Jésica Rodríguez ante el magistrado, donde manifestó que cobró sin trabajar.

Según el magistrado, existen indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera “habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por Ábalos, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa [Koldo] García Izaguirre, sin que, además, aquella, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna. Resultan, en este sentido, particularmente reveladoras las comunicaciones mantenidas entre Isabel [Pardo de Vera] y Koldo con este motivo, cuya descripción se contiene en el referido informe de la UCO”.

Presidencia de Adif

El instructor no adopta él mismo la decisión de imputar a Pardo de Vera, porque la doctrina de la Sala Segunda a la hora de investigar aforados está marcada por criterios restrictivos. Señala que el alcance de la competencia del alto tribunal solo deberá extenderse, además de a los hechos que se atribuyen directamente al aforado, a los que sean inescindibles.

La resolución destaca que en la documentación aportada por Tragsatec sobre cómo se eligió a Jésica "no consta" que "se realizara entrevista alguna con la candidata, pese a lo cual resultó escogida entre las 177 personas que concurrieron inicialmente al proceso, cumpliendo ocho de ellas las condiciones exigidas para la plaza". Su relación laboral, que se mantuvo entre el 2 de marzo y el 1 de septiembre de 2021, era de naturaleza administrativa y "la trabajadora quedaba adscrita a la Presidencia de Adif", de la que se ocupaba Isabel Pardo de Vera.

Según el juez, Pardo de Vera también "habría tenido una decisiva participación en la contratación previa, aparentemente irregular, de Jésica Rodríguez, en ese caso por la empresa Ineco, vinculada al MITMA, todo ello a instancia de los investigados en esta causa especial Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos". Su contrato laboral se extendió entre el 1 de marzo de 2019 y acabó el 28 de febrero de 2021.

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Adjudicación de obras

En el mismo auto Leopoldo Puente ordena a la UCO que investigue "la adjudicación de las obras y rectificados que aparecen destacados en fluorescente" en los documentos aportadas por el comisionista Víctor de Aldama y que identifique a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas obras, así como que fiscalice el procedimiento de adjudicación. El magistrado ha retrasado ahondar en la documentación entregada por el considerado nexo corruptor de la presunta trama de corrupción hasta saber que la prueba caligráfica a la que sometió al asesor del exministro concluía que fue él quien escribió las notas que incluía la relación aportada.

Pese a la remisión a la Audiencia Nacional, el magistrado sigue adelante con la instrucción de la causa y ha citado como testigos para el próximo 6 de mayo a Claudia Montes, a la que la UCO también relaciona sentimentalmente con el ahora diputado del grupo mixto, y a César Moreno, uno de los socios de Aldama al que se quiere interrogar por “las pretendidas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales" que el comisionista, o personas que actuaban por su encargo, realizaba a Koldo García. Como está imputado en la Audiencia Nacional en el Supremo comparecerá acompañado de un abogado.

Respecto a Claudia, el juez se remite a la vista del contenido del último informe remitido por la UCO, en el que se señala que “habida cuenta de que la misma podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), por la influencia del investigado en esta causa José Luis Ábalos y con la relevante colaboración del también investigado Koldo García, formando aquella parte del 'círculo personal' del primero" deberá ser interrogada en relación a su contratación.

Lo que no considera “pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la investigación” son las diligencias solicitadas por la defensa de José Luis Ábalos, entre ellas, la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de su secretario de Estado Rafael Pérez Ruiz.

El exministro solicitaba estas declaraciones porque el informe de la UCO reseñaba que Interior también adquirió durante la pandemia una importante cantidad de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Por si hubiera alguna duda, el magistrado señala que no se ha identificado indicio alguno “en el presente procedimiento irregularidad alguna determinante de la incoación de diligencias de investigación orientadas a esclarecer sus circunstancias”.