El Gobierno aprueba un plan de 1.157 millones en ciberseguridad y mantiene la hipótesis del ciberataque en el apagón

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de 1.157 millones de euros para reforzar las medidas en ciberseguridad y ciberdefensa, en el marco del plan de inversión en defensa con el que se alcanzará el 2% del PIB este 2025. Se trata de una de las prioridades marcadas por el Ejecutivo, que sigue sin descartar la hipótesis del ciberataque como causa del apagón de luz del pasado lunes, para incrementar la seguridad del país ante la multiplicación de los ataques híbridos. De hecho, el pasado año se detectaron alrededor de 100.000 los ciberataques, según las cifras trasladadas por el Ejecutivo. Cada tres días se produjo uno con la consideración de "muy grave", lo que supone un incremento exponencial.

El titular de Transición Digital, Óscar López, se ha encargado de mantener viva la hipótesis del ciberataque entre las causas del masivo apagón. Más de una semana después, en el Gobierno trasladan que el comité de análisis sigue sin poder descartar ninguna posibilidad. "Se trabaja en todas", apuntó López en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para poner en valor que trabajan conjuntamente técnicos del CNI, Interior e Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) con el objetivo de "poder conocer toda la verdad". Fuentes de Moncloa insisten en no descartar ninguna causa "hasta que no haya datos" determinantes para ello.

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Impulsado por el departamento que dirige Óscar López, junto a los ministerios de Presidencia, Defensa e Interior, los objetivos del plan de ciberseguridad pasan por impulsar el centro de operaciones de seguridad 5G (SOC 5G), incrementar la ciberresiliencia de los servicios transversales de la administración digital e incorporar técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial en los sistemas para la detección de ciberataques y mejora de la coordinación de la respuesta de los Centros de Operaciones de Ciberseguridad públicos y privados.

El centro de operaciones de seguridad 5G busca dar apoyo a los equipos de ciberseguridad de las operadoras, los fabricantes, los usuarios corporativos y las administraciones. Asimismo, el refuerzo de la ciberresiliencia pretende mejorar la resistencia ante ataques de los sistemas de todas las administraciones públicas. Entre los objetivos del plan se incluye también potenciar el sistema de generación de alertas tempranas en el ámbito de la ciberdefensa y la ciberseguridad e impulsar las colaboraciones con universidades para la investigación en ciberseguridad.  

López ha destacado que con este plan, que refuerza las actuaciones incluidas en el Plan Nacional de Ciberseguridad, aprobado en 2022, se produce un "salto de gigante" en materia de inversión. Del montante total del presupuesto a ciberseguridad aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, el 22% será ejecutado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, acaparará el 60,4% del presupuesto. Concretamente, el centro Nacional de Inteligencia - Centro Criptológico Nacional (CNI-CCN), el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) y el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE). Otro 16,3% corresponderá a Interior y el restante 1,2% se destinará al departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Gasto militar

El plan de inversiones en defensa, del que dará cuenta este mismo miércoles al Congreso el presidente del Gobierno, incluye un total de 3.262,76 millones de euros para desarrollar y adquirir capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad. Esto es, el 31,16% de los 10,471 millones de euros de las inversiones totales para este año. La mayor partida, del 35,45% (3.712,49 millones de euros), se destinará a mejorar las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas para equipararlas con las de los países más avanzados de la UE.

La financiación provendrá en buena medida de los remanentes de los presupuestos de 2024, del fondo de recuperación de la UE, de los ahorros por la reducción en el pago de intereses de la deuda y de ciertas partidas incluidas en las cuentas prorrogadas de 2023 que ya no se necesitan por el cometido al que fueron asignadas y que serían transferidas. El plan no pasará por el Congreso, al no haber nuevos presupuestos, ni recurrirse a vías de financiación que supongan ampliaciones de crédito complementarias.