Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a financiar la retirada de amianto de los municipios

La Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón ha propuesto este martes crear una línea de ayudas económicas destinada a los municipios para la retirada del amianto de sus instalaciones, así como establecer un fondo específico que cubra los costos del inventario, retirada y gestión de los materiales que contienen amianto en colaboración con el Gobierno de España dentro del marco de planificación nacional. Asimismo, facilitar asesoramiento técnico y apoyo logístico a los municipios para asegurar que la retirada del amianto se realice de manera segura y conforme a la normativa vigente. La cámara ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del grupo del PAR.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha dejado claro que los alcaldes de este partido se van a declarar "en rebeldía" para no hacer "de policía gratis" para el Gobierno de Aragón, que ha exigido a los ayuntamientos que comuniquen qué instalaciones hay en cada localidad construidas con amianto, "una idea Trump". Izquierdo ha observado que retirar un techo de amianto puede costar cientos de miles de euros y ha propuesto elaborar un plan "acompañado de dinero" para que la Administración autonómica costee al menos la mitad de la retirada y que sean los funcionarios del Gobierno de Aragón los que confeccionen el inventario.

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La parlamentaria del PP Susana Cobos ha afirmado que el PP "se encontró nada en el traspaso de poderes", pese a que la legislación de 2022 obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones, aunque el Gobierno de España no destina "nada" y el Ejecutivo aragonés tiene que hacer las funciones "de policía". Confeccionar el censo en Aragón tiene un coste de 11 millones de euros, ha apuntado. Ha propuesto un texto alternativo, finalmente transaccionado con la iniciativa original del PAR.

Ha intervenido en representación del PSOE el diputado Darío Villagrasa, quien ha defendido que el Ejecutivo aragonés "se involucre más que en enviar una carta" a los municipios encargando esta actuación a los ayuntamientos.

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En el turno de Vox, Carmen Rouco ha indicado que la legislación vigente obliga a retirar el amianto antes de 2028, ha urgido a elaborar un censo para la posterior retirada y ha aplaudido la creación de una línea de ayudas para los pequeños municipios para "estar al lado de los ciudadanos" porque "ellos solos no lo van a poder hacer".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha recordado que este grupo ya defendió una iniciativa similar en Comisión y que también preguntaron al Gobierno en sesión plenaria, proponiendo un acuerdo con el Gobierno de España y que el Ejecutivo aragonés se haga cargo en los municipios más pequeños. Ha apuntado que el amianto es un agente cancerígeno y su retirada corresponde a personal especializado.

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha alertado de que el amianto es un problema "real y urgente", criticando que la responsabilidad de su eliminación se ha trasladado a los municipios sin dotar esta actuación de partidas económicas, recomendando elaborar una estrategia para contratar a empresas especializadas y que el Gobierno garantice "que nadie quede atrás".