Asociaciones profesionales apelarán a Europa contra la reforma judicial de Bolaños

Asociaciones de jueces y fiscales reclamaron este viernes al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que retire las reformas anunciadas para el acceso a la carrera judicial y fiscal así como la reforma del estatuto del ministerio fiscal. Acompañando a la petición, las organizaciones conservadoras han convocado un paro de diez minutos para el próximo 11 de junio y se proponen acudir a instancias europeas para bloquear cualquier cambio, al considerar que perjudicarán la independencia judicial sin aportar soluciones a la actual lentitud de los procesos judiciales. Las cinco asociaciones que se oponen a la reforma -Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales-  han convocado el paro a las 12 horas del 11 de junio a las puertas de las sedes judiciales contra la reforma del Gobierno, que pretende fundamentalmente modificar las formas de acceso a las carreras y a la Fiscalía.

Bolaños ha asegurado este viernes que los "temores" de las asociaciones de jueces y fiscales por las reformas que impulsa el Gobierno para modificar el acceso a ambas carreras y reformar la propia Fiscalía "son infundados". Mientras el Gobierno considera que la reforma servirá para facilitar un acceso más transparente y basado en méritos a los estamentos judiciales, las asociaciones conservadoras consideran que los cambios serán una injerencia política en la Justicia.

Las asociaciones conservadoras solicitan "la retirada" del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal al considerar que recoge "medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial", que no responde a "una verdadera demanda social" y no contribuye a "solucionar los verdaderos problemas de la Justicia", incrementando "los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho". También reclaman "la retirada" del anteproyecto de ley que reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces. "Concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora", dicen sobre el anteproyecto.

En este sentido, insisten en que es necesario retirar el texto para "comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal". Según apuntan, enviarán al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes los informes que han preparado sobre ambas reformas. Avisan de que "en caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado" se comprometen a "impugnar judicialmente dicho proceso". Y también que se cumplan los acuerdos que se firmaron en mayo de 2023 para desconvocar la huelga entonces anuncia. Así, solicitan que "se realice desde ya una amplísima convocatoria de los turnos libres y 'cuarto turno', sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables".

La reforma propuesta

Bolaños defiende que la reforma, ya en trámite parlamentario, está destinado a mejorar el sistema de acceso a la carrera judicial, que siempre se ha considerado muy endogámica y con perfiles sociales y políticos muy marcados. "En la oposición libre, quedan intactos tanto el temario como los dos primeros exámenes (es decir, el test y la prueba oral), y se introduce posteriormente un examen práctico, en forma de dictamen, que permite evaluar la capacidad de razonamiento jurídico y la expresión escrita, en la línea de lo que ya sucede en el resto de oposiciones del mismo nivel (notarías, registros o Abogacía del Estado)", defendió Bolaños recientemente. En el caso del concurso-oposición del denominado 'cuarto turno', "para garantizar también por esta vía la alta cualificación técnica de los candidatos seleccionados", el proyecto de ley invierte el orden de realización de las pruebas de evaluación: es decir, primero examen escrito y luego solo los que aprueben pasarán a la fase de concurso.

El ministro también defiende el "proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos, cumpliendo los principios de mérito y capacidad, así como los requerimientos de la Comisión Europea". Según el titular de Justicia, este proceso ofrece "una oportunidad de consolidación a personas que llevan muchos años ejerciendo con profesionalidad como jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes". Y destaca que a las personas que accedan a la carrera por esta vía "no se les reconocerá antigüedad de servicios". Bolaños también pone en valor las becas para los opositores --que se "blindan" por ley--, así como el hecho de que el Centro de Estudios Jurídicos pase a ser un "centro público de preparación de oposiciones".

Cuarto turno

El Gobierno pretende fijar "de manera estable" el porcentaje de plazas a cubrir por el denominado 'cuarto turno'. "El objetivo es garantizar la igualdad en el derecho a la promoción profesional a personas con, al menos, 10 años de ejercicio en el sector jurídico y que se incorporan a la carrera por esta vía. Se crea también el 'cuarto turno' para los fiscales, que hasta ahora solo existía para jueces. Por último, hace mención al punto en el que se prohíbe la financiación privada de las asociaciones judiciales.

A petición de las asociaciones de jueces y fiscales, se ha eliminado del proyecto la actual fase de sustitución y refuerzo de los jueces en prácticas, así como el traslado forzoso de los jueces cuando ascendían a magistrados.