El Gobierno y las comunidades del PP contraponen programas en una Conferencia de Presidentes de disputa partidista

Con la amenaza de boicot a la Conferencia de Presidentes desactivada, al garantizarse la presencia de todos los presidentes autonómicos, los movimientos en la víspera de la cumbre que se celebra este viernes en Barcelona anticipan un foro más de disputa partidista que de cooperación territorial. Desde sus respectivas posiciones de máximos, el Gobierno trató de resituar su agenda en la problemática del acceso a la vivienda y el PP respondió poniendo el foco en la inmigración. En la propuesta de resolución enviada por Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos se puso sobre la mesa una oferta para triplicar la financiación del Acuerdo Estatal para la vivienda 2026-2030. A cambio de blindar de por vida la vivienda protegida y de que las comunidades también aumenten sus propios recursos. El PP, por su parte, puso sobre la mesa su propia propuesta de resolución para exigir al Gobierno que declare la “emergencia migratoria”.

Diferentes prioridades, pero sobre todo enfoques contrapuestos en los asuntos que se abordarán. La XVIII Conferencia de Presidentes se inclina así hacia un escenario para confrontar modelos. Frente a la hoja de ruta del Ejecutivo, los populares aprovechan para sacar músculo territorial y mostrar su alternativa. Alberto Núñez Feijóo ya enarboló su “potencia” para condicionar este foro tras aceptarse todos los asuntos que exigían debatir los presidentes autonómicos del PP. Un esbozo de programa electoral que combina la “derogación del 'sanchismo'” (reclaman desde la retirada del decreto antidesahucios a diferentes anteproyectos en materia de justicia) con un marco ideológico renovado. Sus propuestas para el orden del día son una declaración de intenciones a un mes del congreso nacional del PP, donde se aprobará una ponencia política barruntando un adelanto electoral.

El Gobierno dejará sin fondos para construir vivienda a las comunidades que no blinden la VPO de por vida

Con la intención de exhibir músculo territorial y retratar a un Sánchez en minoría, en incluso enfrentado en diferentes aspectos con el Gobierno socialista de Emiliano García-Page, desde el PP se ha reclamado votar las ocho propuestas que forzaron incluir en el orden del día. Según el reglamento, sin embargo, los acuerdos en la Conferencia de Presidentes deben producirse por unanimidad, y en el Ejecutivo resaltan que existen otros espacios para las disputas más partidistas, en referencia a las Cortes Generales.

La amenaza de choque institucional se ha encauzado así a una confrontación ideológica. Lejos del objeto de este órgano multilateral, concebido como “el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”, pero que permite a Sánchez salvar la cita. Una cumbre que, como es habitual, se iniciará con una foto de familia presidida por el rey Felipe VI.

Al jefe del Ejecutivo lo acompañarán las tres vicepresidentes y un total de nueve ministros. Un despliegue inusual en estas cumbres, aun acorde a la amplitud de temas incluidos competencia de diferentes departamentos, y sobre lo que fuentes populares ironizaban: "Mucho debe preocuparle la foto de la potencia autonómica del PP para intentar combatirla con doce compañeros del Consejo de Ministros".

Lenguas cooficiales

Los populares han forzado discutir sobre asuntos como la “retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda”; la lucha contra la “ocupación y la 'inquiocupación”; un nuevo plan energético con “energías de respaldo para evitar un nuevo apagón”; las inversiones en infraestructuras críticas “para afrontar el caos ferroviario y asegurar el transporte público y las comunicaciones”; la “retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal” y garantizar que el control de fronteras y la política migratoria es una “competencia exclusiva del Estado”. 

Todos los presidentes autonómicos han confirmado su asistencia, pero la madrileña Isabel Díaz Ayuso amenazaba este jueves con abandonar la reunión si alguno de sus homólogos no utiliza el español. Por primera vez, se podrán usar en las intervenciones el catalán, euskera y gallego. Una petición conjunta del president de la Generalitat, Salvador Illa, y del lehendakari, Imanol Pradales, sobre la que el Ejecutivo recogió el guante por lo que habrá traducción simultánea.

Entre la tormenta del caso Leire Díez

Un gesto que se suma al objetivo del Gobierno de visibilizar la normalización de las relaciones institucionales entre el Estado y la Generalitat. El president Salvador Illa actuará como anfitrión de la cumbre que acogerá el Palacio de Pedralbes. Un papel que supone un salto cualitativo respecto a la consideración que le daban a este foro sus predecesores, en ocasiones ausentándose, por su carácter multilateral y no bilateral.

La presidenta madrileña defendió su presencia en Barcelona, pese a las “pocas expectativas”, para denunciar “la golfada” que estaría cometiendo el presidente del Gobierno y a “toda la mafia”. En Moncloa tampoco son optimistas, y reconocen las escasas posibilidades de acuerdo en un contexto marcado por la subida de tono de la oposición ante la tormenta del caso Leire Díez. Unos audios involucran a esta exmilitante socialista en un complot contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga casos que afectan al entorno del Gobierno.

La cumbre con los presidentes autonómicos en Barcelona se produce, además, en un momento de elevada confrontación por la manifestación que dos días después ha convocado el PP con el lema de “mafia o democracia”. "A 36 horas de una manifestación contra la mafia, llamaban la atención los socialistas para poner en valor que se haya salvado la celebración de la Conferencia de Presidentes. La mayoría de presidentes autonómicos que estarán en Barcelona han confirmado que acudirán a la concentración de Madrid para protestar contra la “corrupción” de la que acusan a Sánchez.