La Audiencia de Barcelona amnistía a los 40 procesados por los preparativos del 1-O

La Audiencia de Barcelona ha anmistiado a los 40 exaltos cargos de la Generalitat, informáticos y empresarios procesados por los preparativos del referéndum unilateral del 1-0, tal y como solicitó la fiscalía, y a los que se les atribuía los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia y falsedad. Sin embargo, ha acordado que continúe el procedimiento judicial contra los dos acusados, los exsecretarios generales del Diplocat Albert Royo y Rosa Clavell, pero solo por unos hechos vinculados a una presunta prevaricación.

El tribunal de la Sección 21 de la Audiencia también aplica la ley del perdón en el delito de malversación, en contra del criterio del Tribunal Supremo en la causa contra Carles Puigdemont. En este sentido, los magistrados argumentan que los procesados que realizaron "actos de disposición y ejecución del patrimonio público, aun concurriendo la voluntad malversadora", lo hicieron "en cumplimiento del mandato diseñado" por los que entonces eran miembros del Govern.

La Audiencia precisa que la mayoría de las conductas que se atribuyen a los investigados "conforman el desvío de fondos públicos" mediante la ejecución de "mecanismos" desarrollados y puestos en marcha "para el cometido para el que fueron asignados". Su materialización, prosigue, "tuvo lugar a través de muy diferentes y concretas actuaciones", por lo que "no puede hablarse de un propósito de enriquecimiento". El auto incide en que no se puede "inferir o concluir" que se desvío de fondos que llevaron a cabo los investigados hubieran podido producir, sin ningún atisbo de duda una afectación de los fondos públicos europeos.

Los imputados

Entre los amnistiados se encuentran la expresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach; los exdirectores de TV3 y Catalunya Radio, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el que fuera delegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj; y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal, entre otros. También estaban investigados por el presunto desvío de fondos públicos para la internacionalización del procés el exconseller de Afers Exteriors, Raül Romeva, a pesar de haber sido condenado por el 1-O por el Supremo. Los excargos del Govern de 2017 Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquín Nin, Ignasi Genovés, y Teresa Prohías ya habían presentado recursos a la Audiencia para que se les aplique la amnistía.

La resolución de la Audiencia sostiene que no requiere "gran esfuerzo" apreciar que "cada una de las actuaciones" que se imputan a los procesados "estaban dirigidas y orientadas a la consecución del proyecto independentista", por lo que es de aplicación la ley de amnistía. El tribunal añade que los hechos se enmarcan "en un contexto general" del Govern y de la Generalitat dirigido desde hace años a "un solo fin conocido y querido por todos los participantes" que "no es otro que la celebración de un referéndum de autodeterminación".

En este sentido, los magistrados destacan que el 1-O "fue el punto final o la consumación de todo un proceso que se inició en realidad cuando el 30 de marzo de 2015 se formalizó un acuerdo de hoja de ruta respecto del proceso hacia la independencia" entre CDC, ERC y diversas entidades soberanistas. Durante este tiempo, subrayan, "se llevaron a cabo actuaciones dirigidas a preparar, organizar y publicitar el referéndum" y se hicieron "en gran medida acudiendo indiciariamente a dinero público que se sustrajo a sus fines legales". Al entender de los togados, "los preparativos y gastos relacionados con la ejecución del referéndum" se "hicieron burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat".