La investigación sitúa en Navarra el origen de la trama de Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en Navarra el origen de la presunta trama de adjudicaciones irregulares que investiga en el marco del caso Koldo, desde ayer caso Cerdán, una red en la que estarían implicados el exaseso  Koldo García, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exsecretario de Organización del PSOE, junto a varias empresas como Acciona y la firma navarra Servinabar. Prueba de la importancia de Navarra en la trama de corrupción es que el informe de la UCO, incorporado a una pieza separada del sumario en el Tribunal Supremo, menciona en 74 ocasiones a la Comunidad Foral.

El detonante de la investigación serían las obras en 2015 de la mina de potasa Mina Muga, entre Navarra y Aragón, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Acciona y la pequeña mercantil Servinabar, propiedad del empresario guipuzcoano Antxon Alonso. Esta empresa figura en el centro de las sospechas por su vinculación con Koldo García y Santos Cerdán. Según la UCO, la relación entre ambos con Servinabar y con Noran —una cooperativa compartida por Alonso y García— “le otorgaría (a Cerdán) cierta capacidad de decisión sobre ambas”.

La UCO detalla que cuando Cerdán fue nombrado en 2017 secretario de Coordinación Territorial del PSOE, se trasladó a Madrid junto a Koldo García, quien fue introducido por él en el entorno del entonces ministro José Luis Ábalos, primero como chófer y más tarde como asesor. En ese mismo año, la UCO documenta el intento de alquiler de un piso en Chamberí (Madrid) para Cerdán, por 900 euros al mes, a través de Servinabar, con intervención directa del dirigente socialista.

También se cita una transferencia de 4.500 euros de la misma empresa a una fundación vinculada al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, realizada a través de su hija y con participación directa de Cerdán, según mensajes conservados por Koldo García.

Múltiples adjudicaciones

La Guardia Civil ha identificado múltiples adjudicaciones en Navarra en las que participaron Acciona y Servinabar, como las obras en el pabellón Navarra Arena. También señala que entre 2016 y 2023, Acciona y Servinabar transfirieron 360.000 euros a Noran (la entidad que fundó el dueño de Servinabar junto al exasesor ministerial), aunque el destino de esos fondos no ha sido completamente determinado.

Además, el informe apunta a la implicación de Fernando Agustín Merino Vera, quien fuera director de departamento de Acciona en Navarra. El juez instructor del Tribunal Supremo ha solicitado a la empresa el respaldo del correo corporativo de Merino, así como cualquier documentación relacionada con su actividad. Según el auto, Merino contactó con Koldo García y logró adjudicaciones de obras públicas supuestamente a cambio del pago de un precio.

El juez instructor del Supremo reclamó a Acciona “el respaldo del correo electrónico corporativo” de Merino, que contactó con Koldo García y consiguió adjudicaciones de obras “a cambio del pago de un precio”. Además del respaldo del ‘email’ de Merino, también pidió a la empresa cualquier otra “información relacionada” con dicho cargo que estuviese almacenada en formato físico o digital.

Acciona se desmarca

Acciona ha manifestado su “total desconocimiento, sorpresa y preocupación” por aparecer en la investigación y ha anunciado la apertura de una investigación interna. La empresa ha recordado que Merino fue despedido el 12 de abril de 2021 y ha afirmado que la creación de UTE con compañías locales es una práctica habitual en el sector. “En todo caso y ante la posible elusión de los controles internos que se hayan podido producir, la compañía ha abierto una investigación para el esclarecimiento de esos hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades personales que procedan”, señala en un comunicado.

El magistrado instructor también ha requerido a Acciona la documentación completa sobre cinco obras públicas adjudicadas a la empresa —cuatro de ellas en UTE— por valor de 537 millones de euros, en Murcia, La Rioja, Andalucía y Cataluña. Las pesquisas motivaron el registro de varias sedes, entre ellas las de empresas en Pamplona, así como el domicilio del exministro Ábalos.