Un juzgado de Badajoz investiga a Leire Díez por su actuación en el 'caso David Sánchez'

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha abierto diligencias contra Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE, y el exmagistrado José Luis Sáez de Tejada al apreciar en sus actuaciones la posible existencia de delitos de descubrimiento o revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias.

Así se desprende del auto, con fecha de 17 de junio, emitido por el juez Emilio García Cancho, a raíz de la querella interpuesta por la organización Hazte Oír contra Díez y Sáenz de Tejada por su presunta implicación en las maniobras para tratar de "sabotear" la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, e intentar apartar a la magistrada que lo ha instruido, la titular del Juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma.

Hazte Oír -integrada en la acusación popular en el procedimiento contra la supuesta contratación ilegal de David Sánchez en la Diputación de Badajoz- explicó que había elegido los juzgados pacenses para presentar la querella porque considera que son los competentes, ya que los hechos que la fundamentan "se produjeron en Badajoz y guardan estrecha relación" con la causa contra el hermano del presidente del Gobierno.

En este sentido, sostiene que Leire Díez pretendía interferir en este procedimiento para "lograr su archivo", sin que su objetivo fuera elaborar un reportaje de investigación como ha mantenido públicamente. Asimismo, en su querella acusa a la exmilitante socialista de haber intentado "obtener y divulgar informaciones dirigidas a desprestigiar a los profesionales que intervienen en las distintas causas judiciales que afectan al PSOE" y que existe "elementos indiciarios de un plan premeditado dirigido a perjudicar a diversos jueces", entre los que estaría Biedma.

En cuanto al exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada, que trató de personarse en las diligencias previas de la investigación por el caso David Sánchez, lo que la jueza rechazó (decisión ratificada por la Audiencia de Badajoz), para la parte querellante, el objetivo del exjuez era "inducir a error a la juez, para que esta admitiese su personación como acusación popular para, de inmediato, instar su recusación y apartarla del procedimiento".

En su auto, Emilio García Cancho señala que, no estando determinadas la naturaleza y las circunstancias de los hechos ni tampoco las personas que en ellos han intervenido, es "procedente" incoar diligencias previas y practicar aquellas que sean esenciales para concretarlos y, en su caso, decidir el órgano competente de enjuiciamiento.

Asimismo, antes de pronunciarse sobre la admisión de la querella, ha dado traslado de las actuaciones al ministerio fiscal para que informe sobre la competencia territorial.

Contra este auto cabe recurso de reforma y de apelación, con un plazo de 3 y 5 días, respectivamente.