La Fiscalía Europea cita como investigado a Barrabés por los contratos recomendados por Begoña Gómez

A los problemas judiciales del Gobierno de Pedro Sánchez se ha sumado este jueves uno más. La Fiscalía Europea ha citado como investigado al empresario Juan Carlos Barrabés por los contratos firmados con la empresa pública Red.es que fueron recomendados por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El ministerio público cuyo ámbito competencial es la defensa de los fondos europeos ha dado este paso tras apreciar presuntas irregularidades en su concesión, confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Las diligencias que lleva instruyendo en secreto un año la fiscalía que comparten 23 países de la Unión Europea han conducido a la citación del empresario imputado en la causa seguida contra la propia Begoña Gómez por organizar el máster de Transformación Social Competitiva que ella dirigía y el responsable de los contratos bajo sospecha en el organismo público, como ha adelantado El Confidencial. La Fiscalía Europea se hizo cargo de esta parte de las pesquisas al tratarse de dinero procedente de la Unión Europea, cuyo presunto mal uso o desvío está bajo sus competencias.

Las diligencias de investigación de la Fiscalía Europea han discurrido en paralelo a la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por la Cátedra de Transformación Social Corporativa que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y la contratación de una asesora de Moncloa para ayudarla con su agenda y la gestión de sus compromisos profesionales.

Hace ahora un año, el juez Peinado cedió a la Fiscalía Europea la parte de la causa relativa a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. En su resolución, fechada el 7 de junio del año pasado, el letrado de la Administración de Justicia adscrito al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordaba aceptar la petición realizada por la Fiscalía Europea y se inhibía "exclusivamente respecto de los hechos y delitos [...] relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU", del Grupo Barrabés, y "Escuela de Negocios The Valley sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos", especificaba el documento.

Una vez que remitió las actuaciones, el magistrado renunció a ahondar en esta línea de investigación y suspendió las declaraciones que había fijado con anterioridad del consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; del que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; del director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández, y de Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es.

Dos cartas

La vinculación con la esposa de Sánchez surge, porque, como otras autoridades, firmó al menos dos cartas para apoyar a la UTE integrada por la consultora Barrabés en dos procesos de adjudicación iniciados por Red.es en 2020. El empresario acabó llevándose los tres lotes a los que se presentó por un importe total de 10,2 millones de euros tras superar al resto de rivales en la parte de valoración subjetiva de los concursos.

Peinado reservó para sí el resto de adjudicaciones que no estaban asociadas con fondos europeos. Y ello, pese a que el primer auto de la Audiencia de Madrid con el que se respaldó la instrucción del magistrado, reducía el caso a las ayudas a la UTE formada por Innove Next SLU y la Escuela de Negocios The Valley, al afirmar que en ese extremo "sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación".

Según la Guardia Civil informó al juez Juan Carlos Peinado, de los 20,2 millones de adjudicaciones públicas que la mercantil Innova Next SLU recibió en los años 2021 y 2022, 10,6 millones procedían de Red.es. Los agentes añadían que durante esos dos ejercicios esta firma mantenía en sus cuentas "saldos de dudosa cobrabilidad" por más de un millón de euros.