HUELGA
Jueces y fiscales se manifiestan contra las reformas judiciales del Gobierno a las puertas del Supremo
Los convocantes exigen la retirada del proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, en tramitación parlamentaria, y del anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Bolaños defiende que "ni una sola línea de la reforma" judicial afecta a su independencia

PI STUDIO
Andrea San Martín
Al grito de "independencia judicial”, cientos de personas se han concentrado este sábado frente al Tribunal Supremo en Madrid. La protesta, convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales, pretende expresar el rechazo a los proyectos legislativos del Gobierno que afectan al acceso a la carrera judicial y al estatuto del Ministerio Fiscal.
La manifestación ha reunido no solo a miembros del ámbito judicial, sino también a numerosos ciudadanos —algunos desplazados desde otras provincias— que han querido sumarse a la convocatoria. Las asociaciones organizadoras —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— sostienen que la protesta tiene un carácter institucional y no partidista. Su objetivo, aseguran, es "visibilizar el papel esencial del Poder Judicial" y defender su "independencia" frente a posibles injerencias políticas.
Sin embargo, durante el acto también se han escuchado gritos de "Pedro Sánchez, dimisión" y varios insultos dirigidos tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Justicia, Félix Bolaños. A la concentración han asistido también dirigentes del partido Vox, como Jorge Buxadé, lo que ha generado reacciones divididas respecto a la neutralidad política de la convocatoria.
Ante la protesta, Bolaños ha asegurado este sábado que "ni una sola línea" de la reforma judicial que impulsa el Gobierno afecta "ni a la independencia judicial, ni al Estado de Derecho". En una comparecencia ante los medios, ha considerado "infundadas" las críticas de estos colectivos contra esa reforma judicial y ha pedido respeto al poder legislativo.
Bolaños ha comparado esta reforma judicial con la aprobación hace dos décadas del matrimonio igualitario, y ha pronosticado que, "con el tiempo, como ha ocurrido con el matrimonio igualitario, las críticas se mostrarán injustificadas".
Hacia una semana clave para la justicia
La concentración de este sábado es el inicio de una semana decisiva. Las mismas asociaciones convocantes han llamado a una huelga de tres días —los próximos 1, 2 y 3 de julio— en protesta por las reformas legislativas en marcha. Consideran que los cambios planteados por el Ejecutivo "comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal".
Uno de los principales puntos de fricción es el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, según denuncian, refuerza de forma excesiva el poder del fiscal general del Estado sin incorporar suficientes contrapesos internos. También exigen la retirada del proyecto que modifica la Ley del Poder Judicial, actualmente en tramitación parlamentaria.
Debate jurídico sobre la huelga
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó esta semana, por unanimidad, que el derecho de huelga de jueces y magistrados carece aún de respaldo normativo. Por ello, sostiene que no procede reconocer formalmente la convocatoria ni establecer servicios mínimos. A pesar de ello, no se esperan sanciones para quienes secunden el paro, en línea con lo ocurrido en huelgas anteriores desde 2009.
Por su parte, la Fiscalía ha recordado que tampoco tiene competencia para fijar servicios mínimos, aunque ha pedido garantizar aquellas actuaciones que puedan afectar directamente a los derechos de los ciudadanos.
En contraste con las asociaciones convocantes, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) ha decidido no sumarse a la protesta, aunque también ha expresado críticas hacia el proceso de estabilización contemplado para la carrera judicial.
La movilización de este sábado subraya la tensión creciente entre el poder judicial y el ejecutivo, en un momento en que distintos sectores del sistema jurídico reclaman un debate más amplio sobre el futuro de la justicia y su independencia en España.
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