Sánchez prepara medidas para su comparecencia en el Congreso por el caso Cerdán: del castigo a corruptores a la abolición de la prostitución

Pedro Sánchez centra buena parte de sus esfuerzos tras el estallido del ‘caso Cerdán’ en sostener a los socios de investidura. Su determinación pasa por seguir adelante y no adelantar las elecciones, pero como reconoció a los representantes de los grupos en ronda de contactos en La Moncloa, para ello necesita su apoyo parlamentario. La confianza está bajo mínimos y como apuntan fuentes del Gobierno, “están resentidos” y buscan echar tierra de por medio para no visibilizarse como “cómplices” de la presunta corrupción del PSOE. Aunque califican estas mismas fuentes califican de positivas las conversaciones de los últimos días, saben que para sustentar su frágil mayoría en estos momentos deben recoger el guante de sus demandas, desplegar un paquete de medidas de lucha contra la corrupción y acelerar la agenda social.

“El presidente del Gobierno intentará incorporar todo lo que los socios le han trasladado. Recoger todo lo posible”, avanzan fuentes del Ejecutivo sobre la comparecencia de Pedro Sánchez el próximo 9 de julio en el Congreso para abordar el caso Cerdán. Medidas a iniciativa del Gobierno en coordinación con sus socios, pues es unos días antes está previsto que en el comité federal del PSOE fijado para el 5 de julio se pongan sobre la mesa un paquete de iniciativas de control y regeneración interna ante los casos de corrupción.

“Están dolidos, pero seguimos voto a voto, como siempre”, señalan los colaboradores del presidente del Gobierno respecto a los socios. Desde Podemos se ha marcado un mayor distanciamiento, hasta el punto de dar por terminada la legislatura, pero en el Ejecutivo confían en que se trata de retórica y piden mirar a los “hechos”. Esto es el resultado de las votaciones parlamentarias.

Entre las medidas que se pretenden incorporar destacan las relativas a extender los castigos a los corruptores. Para que las empresas implicadas en tramas de corrupción por obra pública no puedan contratar con la Administración, modificando las leyes de contratación pública y aumentando las sanciones a las empresas corruptoras. El matiz que introducen los socialistas es que no se “estrangule” a las administraciones públicas. Desde Sumar ponen también el foco en el factor preventivo, a través de la extensión de oficinas de conflictos de intereses.

El ministerio de Igualdad ya ha avanzado que recuperará la ley de abolición de la prostitución, con la intención de llevar un anteproyecto al Consejo de Ministros a la vuelta del verano. La contratación de servicios de prostitución y las referencias despectivas hacia estas mujeres por parte de los implicados en la trama Koldo, como revelan los audios sobre las conversaciones entre el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, ha removido internamente al partido. Casi tanto como las presuntas mordidas, al destapar la hipocresía en la identidad feminista y abolicionista del partido.

Exigencias redobladas

En lo que coinciden los socios es en la falta de transparencia y contundencia adoptada hasta ahora por el presidente del Gobierno tras el informe de la UCO que extendió la trama Koldo al ya ex secretario de Organización, Santos Cerdán. Sus exigencias serán altas, también en lo que respecta al cumplimiento de los compromisos de investidura pendientes. Sobre esto último, Sánchez les lanzó un mensaje de determinación al oponerse en la cumbre de la OTAN a la subida del gasto militar hasta el 5% del PIB.

Una línea roja del arco progresista del Congreso que el jefe del Ejecutivo hizo suya. Pese a las advertencias del presidente de EEUU, Donald Trump, que luego se convirtieron en amenaza de guerra arancelaria, Sánchez mantuvo el pulso justificando la prioridad de preservar el Estado de bienestar y seguir desarrollando una agenda social. Este mensaje y el choque con Trump han servido de pegamento con los socios y ha permitido al jefe del Ejecutivo sacar cabeza de los casos de corrupción que acechan a su mandato.

En este contexto de debilidad extrema de Sánchez, los grupos de investidura han elevado su precio, conscientes de que el Ejecutivo "pende de un hilo" y tratando de desmarcarse de cualquier atisbo de connivencia con la corrupción. Así lo dejaron claro en la última sesión de control al Gobierno de este periodo de sesiones, anticipando desde ERC a Junts, pasando por EH Bildu, su intención de ser más exigentes que nunca y reclamar medidas urgentes.