Pakito y Akkaspace, los hackers adolescentes de Arinaga que filtraron y vendieron datos de Pedro Sánchez

El reloj rozaba la medianoche de este martes cuando dos jóvenes de 18 y 19 años, desde sus viviendas de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes, lanzaron a través de sus redes sociales un mensaje a sus seguidores: "¡Nuevo canal disponible! Hemos creado un canal de Telegram donde publicaremos todas las actualizaciones importantes de nuestra plataforma". Esas "actualizaciones importantes" serían más filtraciones de datos personales de altos cargos del Estado, entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que llevaban ya doce días haciendo en chats afines a Alvise Pérez. A esto se sumarían informaciones privadas de cualquier ciudadano previo pago de los interesados por consultarlas. 

Una copia del censo electoral, entre las fuentes usadas para filtrar datos de Pedro Sánchez, políticos y periodistas

No lo sabían, pero ese comunicado sería el último. Solo seis horas más tarde, un gran despliegue policial liderado por la Comisaría General de Información (CGI) irrumpió en sus domicilios y los detuvo, siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional, por terrorismo. 

Detrás del mensaje están dos jóvenes hackers vecinos del sureste de Gran Canaria que durante casi dos semanas pusieron en jaque los sistemas de seguridad del Estado. De un lado, el considerado cabecilla, Yoel O., estudiante de Informática que se escondería tras el nickname ‘Akkaspace’; del otro, su amigo y compinche Cristian S., quien se haría llamar ‘Pakito’ y hasta este martes trabajaba en el negocio de su madre en Playa de Arinaga.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; la vicepresidenta, María Jesús Montero y ministros como Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente figuran entre sus víctimas. De ellos divulgaron desde el 19 de junio y en dos tandas los DNI, direcciones de domicilios personales, números de teléfono y correos electrónicos. A estos hay que añadir periodistas, exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, y los imputados en el ‘caso Koldo’: Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Por 200 euros

La información privada era la base de su negocio ya que, presuntamente, vendían los datos personales de los políticos a cambio de unos 200 euros en criptomonedas. Así al menos lo sostiene la investigación del CGI. Los agentes especialistas consideran que Yoel era el responsable de obtener las referencias de los altos cargos del Estado y del Gobierno.

"Además, valiéndose de la publicidad y trascendencia de las publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contienen informaciones sensibles", explican fuentes cercanas a la investigación. Al segundo detenido, Cristian S., lo señalan como encargado, presuntamente, de monetizar las actividades y responsable de la gestión del monedero virtual en el que recibían los pagos.

Yoel, alias ‘Akkaspace’, y Cristian, ‘Pakito’, no se escondían. Al menos esos alias se atribuían sus operaciones. El informe del CGI sostiene que "los mimos perfiles que publicaban los datos reivindicaban su posesión". No contentos con esto, "alardeaban" de su capacidad para venderlos y "lanzaban mensajes amenazantes" de futuras publicaciones. La Policía tilda su actividad de "grave amenaza para la seguridad nacional".

Una copia del censo electoral comercializada en internet es uno de los orígenes de la información que publicaron los jóvenes y que luego colgaban en plataformas como Doxbin y Wedox, básicamente, webs que se utilizan para publicitar y comercializar con datos personales.

Ciberterrorismo

Además, la estructura creada por los detenidos para las actividades delictivas incluía el cobro mediante el uso de criptomonedas, lo que facilita el anonimato y dificulta el rastro de los fondos obtenidos. Los dos acusados fueron trasladados este martes a Madrid para prestar declaración, previsiblemente el jueves, ante el magistrado Francisco de Jorge a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional por un presunto delito de ciberterrorismo. Ninguno de ellos tenía historial delictivo vinculado con ciberataques.

Tras los arrestos, los agentes —en colaboración con el CNI y las Brigadas Provinciales de Información de Madrid y Las Palmas— realizaron los registros de las viviendas de los dos investigados, ubicadas en la avenida Polizón y calle Maninidra de Arinaga. En las casas intervinieron numerosos efectos, soportes técnicos y material informático —ordenadores, tabletas, discos duros, tarjetas de almacenamiento— que ahora serán analizados para saber hasta dónde alcanza la información obtenida por los dos hackers de Arinaga.