Jueces y fiscales paran tres días frente al Gobierno de Sánchez en una defensa de su independencia con tintes políticos

"Save the rule of law in Spain" (salva el Estado de derecho en España). Numerosas pancartas con este lema en inglés, dirigidas a dar a conocer sus reivindicaciones en Europa, protagonizaron la concentración que jueces y fiscales de las cinco asociaciones de sensibilidad más conservadora (todas menos las dos más próximas al Ejecutivo) convocaron el pasado 28 de junio ante el Tribunal Supremo para protestar por los dos proyectos de ley con los que el Gobierno pretende "modernizar" los sistemas de acceso a ambas carreras y regularizar la situación de los 1.004 sustitutos que ejercen en juzgados y tribunales. 

Esa protesta fue la antesala de tres días de huelga -celebrada los pasados días 1, 2 y 3- que los convocantes califican de histórica y que ha evidenciado un choque frontal con el ministerio comandado por Félix Bolaños, en el que se mezclan las reivindicaciones profesionales con postulados propios de los partidos de la oposición. 

Lejos de aceptar que los cambios supongan una mejora, una gran mayoría de estos funcionarios consideran que tanto el proyecto de ley "para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal" como la reforma del Estatuto Fiscal -que concreta las condiciones para que en el futuro los fiscales asuman la instrucción de las causas penales- van en detrimento de su independencia y abundarán en un mayor control de la justicia por parte del poder político. Una vez concluido este primer calendario de protestas, los convocantes anuncian nuevas movilizaciones "si la situación persiste sin cambios sustanciales".

Guerra de cifras

El comité de huelga lo integraron representantes de las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales (AF), Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FV), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif). Cifrar el seguimiento no ha sido fácil, puesto que los empleadores, es decir, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, han optado por ponerse de perfil alegando que una protesta de miembros de este colectivo carece de base normativa. 

Por esta razón, los convocantes dieron a conocer sus números utilizando la información remitida vía correo electrónico por los compañeros que les daban cuenta de su participación, para concluir que la convocatoria fue seguida por una media del 70% de ambas carreras. Desde el Ministerio de Justicia se reduce este porcentaje a algo menos del 30%, aunque los jueces alegan que para este cálculo los de Bolaños solo han tenido en cuenta el número de juicios y diligencias suspendidas, y la realidad es que su trabajo abarca más labores, lo que la hace más difícil de cuantificar.

Razones profesionales y políticas

Las huelgas de jueces y fiscales nunca han estado exentas de polémica. Con independencia de las causas que las motiven, en los que pueden pesar más o menos la reivindicación de una mejora en las condiciones laborales o la defensa de la independencia judicial, el cuestionamiento es intrínseco a la doble condición de los magistrados como poder del Estado y como funcionarios que protestan como trabajadores.

Esa dicotomía se apreció con claridad en la rueda de prensa ofrecida por los portavoces de las asociaciones convocantes, que hicieron una encendida defensa de la necesidad de movilizarse para salir en defensa del Estado de derecho, lo que podría entenderse como un móvil político y más aún en un contexto en el que varios órganos, y sobre todo el Tribunal Supremo, copan los titulares diarios con causas que afectan de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez, como expresó el portavoz de la Apif, Salvador Viada, recientemente jubilado, que enmarcó las reformas en el contexto de las investigaciones a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno y con el que era secretario de Organización del PSOE en prisión. De hecho muchos de los ciudadanos que se han sumado a las concentraciones de jueces hicieron visibles su desacuerdo con Pedro Sánchez. 

Las asociaciones entienden, en todo caso, que los cambios proyectados minarán la independencia judicial. Entre sus principales críticas está el "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales", a través de la rebaja de la excelencia de conocimientos en el acceso con pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.

Asociaciones de jueces y fiscales amenazan con más huelga si el Gobierno no hace "cambios sustanciales" en su reforma

En términos profesionales, las asociaciones convocantes también apuntan a que la reforma beneficia sobre todo al colectivo de sustitutos y a los futuros jueces que se incorporarán a la carrera por el cuarto turno, a los que se concederá una antigüedad de cinco años en detrimento de las últimas promociones que han accedido por oposición. También cuestionan que de la preparación de las oposiciones de los futuros jueces y fiscales se ocupe el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia, en detrimento de los preparadores particulares que hasta ahora acaparaban esta formación. En ese contexto profesional, el portavoz de la Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, especializado en la jurisdicción laboral, destacó que desde el Departamento que dirige Bolaños no se hiciera ningún movimiento de aproximación para evitar el conflicto laboral suscitado.

Los representantes de las asociaciones fiscales centraron sus críticas en que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, en vez de reforzar la autonomía de los miembros del ministerio público, supone reforzar las competencias del fiscal general del Estado, al que elige el Gobierno, lo que, como cúspide de la carrera, lleva a hacer pensar que todos sus miembros siguen instrucciones del Ejecutivo, lo que ven incompatible con asumir la instrucción penal.

Argumentos de Bolaños

Desde Justicia se consideran meros "bulos" muchos de estos planteamientos y se muestran férreos en su defensa de la reforma. Así lamentan que las asociaciones sostengan que el proceso de regularización de jueces sustitutos servirá para introducir a jueces afines a la carrera judicial, y subrayan que la regularización viene obligada por la Comisión Europea. 

En nuestro país hay actualmente un total de 954 magistrados sustitutos o suplentes y 331 fiscales en la misma situación, de los que además el 78% son mujeres. Justicia rechaza que la reforma pretenda colocar a jueces ideologizados, puesto que los actuales son elegidos por los Tribunales Superiores de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial y deberán someterse ahora a un concurso-oposición si quieren entrar a formar parte de la carrera.

En cuanto a la introducción de la prueba escrita en las oposiciones, según el Gobierno, servirá para evaluar la expresión escrita y el razonamiento jurídico de los futuros jueces, una competencia clave para una profesión dedicada en gran parte al dictado de autos y sentencias. Sobre las nuevas competencias del Centro de Estudios Jurídicos, desde el ministerio dejan claro que el mismo no dispondrá de un cuerpo de preparadores, sino que serán aquellos que ya ejercen esa labor los que puedan seguir haciéndolo en sus instalaciones. El Gobierno replica, por lo tanto, que no es cierto que se pretenda con ello un control ideológico de la carrera.

Merma en los sueldos

Por otra parte, y una vez finalizados los tres días de huelga, no parece que los jueces y fiscales que han apoyado la protesta acaben viendo mermados sus salarios, como ocurre con cualquier trabajador español que ejerce este derecho. La razón, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas, se encuentra en la especial situación de este colectivo, cuyo empleador es el Consejo del Poder Judicial o la Fiscalía, según la carrera de que se trate, pero quien les paga es el Ministerio de Justicia en ambos casos.

Precisamente por considerar que la protesta de jueces carece de sustento legal, y pese al requerimiento expreso realizado por el departamento de Félix Bolaños para ser informado del número exacto de efectivos en paro, ni el Consejo ni la Fiscalía han realizado comunicación alguna a Justicia, por lo que no se podrá detraer de los salarios de los huelguistas lo correspondiente a los tres días de paro. Y ello pese a que, en anteriores mandatos, desde el órgano de gobierno de los jueces sí se remitieron las comunicaciones recibidas en el Consejo de los miembros de la carrera judicial que habían secundado otras huelgas anteriores, pese a hacerlo con semanas de retraso.

Pero si esta no ha sido la primera huelga ni la primera vez que es imposible restar los sueldos, ¿por qué nunca se ha abordado la falta de normativa para que puedan ejercer su derecho a la huelga estos funcionarios, como cualquier otro? Según los jueces consulados por esta redacción, se trata de un asunto que no interesa acometer, pues una regulación de sus condiciones de trabajo obligaría a contabilizar sus horarios y ello revelaría unos excesos de jornada que tendrían unas consecuencias que la Administración no está dispuesta a admitir.

Huelgas anteriores

Las dudas sobre si un poder del Estado puede hacer huelga acompañan las protestas de jueces y fiscales desde la primera vez que optaron por esta forma de protesta. Fue el 18 de febrero de 2009 con Mariano Fernández Bermejo de ministro, quien ya advirtió de que no había cobertura legal para esta forma de movilización y que resultaba necesaria una regulación. 16 años después aún no se ha producido y los jueces han continuado protestando con este tipo de convocatorias.  

Las asociaciones aseguran que tres de cada cuatro jueces y fiscales han secundado la huelga contra Bolaños

El 8 de octubre de 2009, con otro ministro socialista, Francisco Caamaño, los jueces volvieron a la huelga. Si la primera no fue apoyada por APM y JJpD, esta se hizo solo por iniciativa de la asociación conservadora. El siguiente paro, realizado el 20 de febrero de 2013, fue apoyado por todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las conservadoras APM y AF. Ruiz-Gallardón era entonces el ministro.

Con su sucesor, Rafael Catalá, también se sumaron ellas al paro. Se realizó el 22 de mayo de 2018 y fue secundada por el 65% de los jueces y el 51% de los fiscales, informa Europa Press. La última vez que jueces y fiscales fueron a la huelga hasta ahora fue el 19 de noviembre de 2018 con Dolores Delgado como ministra.

Asociaciones progresistas

Las dos asociaciones de jueces y fiscales más cercanas al Gobierno, la Unión Progresista de Fiscales y Juezas y Jueces para la Democracia, hasta este momento ajenas a la huelga, han cambiado su postura pública a mitad de la pasada semana, tras darse a conocer una enmienda presentada al proyecto en tramitación por el Grupo Parlamentario socialista que concreta el proceso para hacer fijos a los funcionarios que ahora cumplen estas labores como sustitutos.

Rechazan especialmente la preferencia de elección de destino que la norma otorga a los actuales sustitutos que opten al concurso-oposición, algo a lo que los opositores o jueces y fiscales ya ejercientes no pueden aspirar. Los fiscales hablan incluso de adoptar medidas de protesta, mientras que desde Jueces para la Democracia optan por empezar con una reunión con el grupo parlamentario para exigir su retirada.

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