El Gobierno impugna el veto a las fiestas musulmanas en Jumilla y acudirá a los tribunales si el PP no lo anula

El Gobierno se moviliza para anular la moción aprobada hace dos semanas por el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) que da el primer paso para impedir celebraciones musulmanas como la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán en sus polideportivos municipales. El Ejecutivo central, a través de la Delegación del Gobierno en la autonomía, ha enviado este lunes un requerimiento al consistorio, gobernado por el PP, para que revoque el controvertido acuerdo, impulsado por Vox y apoyado por el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo. Si no lo hace, acudirá a los tribunales. La primera reacción de la administración impugnada ha sido el silencio. "No vamos a hacer declaraciones", han señalado a Efe fuentes del Ayuntamiento de Jumilla.

“Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante las trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”, ha escrito en su cuenta de X el ministro de Justicia, Félix Bolaños. "Ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no", ha añadido el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Los argumentos

El motivo de la impugnación es triple. Por un lado, según el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la moción viola el principio de libertad religiosa recogido en la Constitución. “No hay duda de que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia y desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales. Sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa”, señala el requerimiento.

Para sustentar esta tesis, el Ejecutivo incluye en el texto declaraciones de Juan Agustín Navarro, el portavoz de Vox en el ayuntamiento de la localidad murciana. “Solo estamos defendiendo nuestras tradiciones frente a la constante ofensiva ideológica de la izquierda por imponernos costumbres ajenas a nuestra identidad”, aseguró Navarro al diario local ‘Siete Días Jumilla’.

En segundo lugar, el Gobierno también considera que el acuerdo del PP y Vox, por el que la formación de Núñez Feijóo se ha dejado arrastrar hacia las posiciones más extremistas del partido de ultraderecha como pago por su apoyo a los presupuestos municipales, vulnera también el principio de neutralidad religiosa, “al excluir los actos religiosos musulmanes, ajenos a la Corporación Municipal, de las instalaciones deportivas municipales, los cuales se venían realizando en dichos espacios desde hace años”.

Y por último, el pacto entre el PP y Vox “constituye una clara desviación de poder”, ya que “la competencia del ayuntamiento para regular los espacios municipales no le autoriza a hacerlo prescindiendo de los límites constitucionales”.

Los precedentes

“Es evidente que estamos ante una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”, señalan fuentes de la Moncloa, que recuerdan que su reacción ya impidió otros polémicos acuerdos de la derecha y la ultraderecha. Por un lado, las medidas antiabortistas con las que amagó Castilla y León en 2023, cuando Vox formaba parte junto al PP del gobierno autonómico. Por otro, la “censura en las aulas en Murcia”, en referencia al conocido como ‘pin parental’, una expresión que supone en realidad dar potestad a los padres para censurar actividades educativas de sus hijos.

“Mantenemos nuestro compromiso de defender la Constitución, los valores democráticos y la convivencia. Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”, concluyen en la Moncloa.