Un socio del despacho de Montoro justificó ante Hacienda la ausencia de facturas por 600.000 euros con un robo en la oficina

Un socio y administrador de Equipo Económico, el despacho que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, defendió ante Hacienda que no pudo presentar facturas por 604.500 euros del ejercicio fiscal de 2013 porque fueron sustraídas en un robo que sufrió en la oficina de la mercantil entre el 20 y 21 de enero de 2015, según especifica una resolución judicial, a la que ha tenido acceso esta redacción.

En concreto, el atestado de la denuncia que presentó este socio de Equipo Económico, la mercantil que centra las sospechas del juez de Tarragona que instruye el caso Montoro, Rubén Rus Vela, incluía en la relación de efectos sustraídos una "carpeta de piel de la marca Loewe con diversa documentación (facturación y contabilidad personal)". Y según advirtió, esta situación le impedía aportar unas facturas de IVA de Equipo Económico que le reclamaba la Agencia Tributaria, que le había abierto un expediente sancionador.

La Administración tributaria inició un procedimiento de comprobación que finalizó en septiembre de 2015, de la que resultó un importe a ingresar por parte del directivo de 7.310 euros. Hacienda también solicitaba a este socio de Equipo Económico que justificara el motivo por el que no había declarado todos los ingresos imputados. La discrepancia consistía en que declaró en sus autoliquidaciones de IVA un importe de 604.500 euros. Sin embargo, Hacienda detectó que sus ingresos habían sido de 624.600 euros, de los que 520.500 los había recibido precisamente de Equipo Económico, la compañía de la que era socio.

Pero el robo, concluye la resolución judicial, tuvo lugar en una fecha anterior al inicio del expediente de Hacienda. Y este socio de Equipo Económico defendió que las circunstancias de la sustracción de los documentos estaban "suficientemente acreditadas ante la Policía y por la empresa de seguridad (Prosegur) responsable de la misma", y que por eso no podía entregar las facturas.

Relación "genérica"

Sin embargo, Hacienda no se creyó esta versión, pues consideraba que la relación de efectos robados era "genérica" e "imprecisa", y que no ponía de manifiesto que entre dicha documentación "estuvieran precisamente las facturas recibidas en el ejercicio 2013. Contrariamente a lo que indica el obligado tributario, en la denuncia no consta la pérdida de la correspondiente documentación", concluía la Agencia Tributaria, que en un primer momento mantuvo la sanción.

Pero este empresario recurrió la decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y explicó que no comprendía que no le permitieran deducirse el IVA de las facturas que le fueron robadas en la oficina de Equipo Económico, cuando en el procedimiento inspector del IRPF del mismo ejercicio, 2013, la Inspección sí le admitiera una deducción de 30.013 euros de gastos de las facturas sustraídas. Este argumento convenció a los magistrados, que estimaron el recurso interpuesto por el administrador de Equipo Económico y anularon la sanción.

Empresas para desviar fondos

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los socios de Equipo Económico disponían "de un entramado societario constituido por una serie de empresas, además de las indiciariamente instrumentales referidas, las cuales podrían haber sido utilizadas para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada". En concreto, la Agencia Tributaria cuantificó el total percibido entre 2008 y 2019 por cada uno de los socios de Equipo Económico procedentes del propio despacho, "directamente o a través de su entramado societario".

En concreto, Hacienda relata que Manuel de Vicente-Tutor percibió un total de 5.852.747 euros; Ricardo Martínez Rico 11.053.029 euros; Francisco de Asís Piedras Camacho un total de 5.749.754 euros; y Salvador Mariano Ruiz Gallo, 6.117.326 euros.

Una parte de los integrantes de Equipo Económico desempeñaron altos cargos en el Gobierno y la Administración Central del PP, "desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico", indica el juez Rus Vela en un auto de 26 de enero. "Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentado, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización", concluye la resolución.

Empresas gasísticas

Precisamente, el despacho que fundó Montoro está en el centro de las pesquisas que mantiene abiertas el juez del caso Montoro, quien en su auto destacó el papel que habría desempeñado Equipo Económico en la presunta trama. En concreto, acusa a esta mercantil de que, "mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes". El magistrado completa que las gasísticas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) habrían contratado a Equipo Económico con la finalidad de que esta empresa interviniese "en el procedimiento legislativo tendente a la modificación de la normativa sobre el Impuesto Eléctrico y el IAE, de manera que se llevasen a cabo modificaciones legales que satisficieran sus intereses".

"Con anterioridad a la contratación de Equipo Económico" advierte el magistrado, "las gasísticas intentaron por otras vías conseguir tales reformas, todo ello sin éxito. Es la entrada de Equipo Económico, la que sin mediar aparentemente causa alguna acabó no solo con las reformas pretendidas por las gasísticas, sino que incluso estas acaban siendo quienes redactan las reformas legales conforme a sus intereses".

El hermano de Montoro

Montoro fundó en 2006 el despacho, del que se desvinculó en 2008, cuando Mariano Rajoy le recuperó para la política. Sin embargo, la fiscal Anticorrupción adscrita a la causa, Carmen García Cerdá, considera sospechoso que cuando Montoro se desprendió de su participación "no se ejercitaran derechos de adquisición preferente". También le "llama la atención que el paquete del señor Montoro acabara en manos del señor Martínez Rico (que parece no detraía ingresos del despacho acorde al porcentaje de participación formal), así como en las de su hermano (Ricardo Montoro, del que no consta el ejercicio de funciones, ni toma de decisiones, ni representaciones o autorizaciones en cuentas, ni flujos de renta inherentes a su participación, por otro lado, nada desdeñable)". Ricardo Martínez Rico es, además, hermano de Felipe Martínez Rico, que era jefe de Gabinete de Montoro en Hacienda, cuando este volvió al Gobierno de la mano de Mariano Rajoy.

El escrito fiscal señala que el hermano del exministro "a su vez pudiera parecer que repartió dichas participaciones al resto de socios", pero "no en función al porcentaje de estos en el momento de la transmisión (quedándose fuera del reparto el accionista mayoritario), sino aproximadamente coincidente con los existentes en 2008 cuando el señor Montoro permanecía en el despacho".

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