El juez del caso Montoro admite a Vox y otras nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza"

El juez que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha admitido la personación de siete nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza", según consta en otras tantas resoluciones judiciales, a las que ha tenido acceso esta redacción.

En concreto, se trata de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa. De esta forma, estas nuevas acusaciones populares se unen al PSOE, que tras levantarse el secreto de sumario, en julio pasado, fue admitida.

En mayo de 2024, y tras las informaciones publicadas por este diario, el PSOE reclamó por primera vez al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que aceptara su personación en calidad de acusación popular al considerar que las actividades investigadas tenían "enorme trascendencia para los intereses generales".

Hermano de Montoro

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona investiga en secreto desde 2018 las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro fundó en 2006 y del que dice haberse desligado en 2008. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción descubrió que en realidad una parte de las acciones de las que se desprendió Montoro al volver a la política de la mano de Mariano Rajoy acabó en manos de su hermano Ricardo Montoro, quien mantuvo la propiedad de las participaciones sociales de la mercantil hasta 2012, cuando su hermano ya llevaba un año de ministro de Hacienda.

Precisamente, la defensa del Equipo Económico ha pedido a la Audiencia Provincial de Tarragona que declare la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas, al ver vulnerado el derecho de defensa por la decisión del juez de mantener el secreto de la causa durante siete años.

Asimismo, la compañía ha negado comisiones y otros delitos que se investigan, y ha señalado que el juzgado de Tarragona es "incompetente territorialmente" para asumir la causa, ya que considera que debería llevarlo uno de Madrid.

En el mismo sentido, el jefe de gabinete entre 2011 y 2016 de Montoro, Felipe Martínez Rico, ha acusado al juez de haber cometido "un cúmulo de irregularidades" con la intención de quedarse con la causa, que debería haber sido investigada, según su opinión, en la Audiencia Nacional o en un juzgado de Madrid. Así, considera "irrefutable" que los hechos delictivos que se le imputan, que él rechaza haber cometido, "habrían tenido lugar en Madrid capital, donde radica tanto la sede de Equipo Económico, como la del Ministerio de Hacienda, como la de las asociaciones de empresas gasísticas que refieren los investigadores".

Suscríbete para seguir leyendo