Sánchez reclama a las energéticas que “empujen” al PP para un pacto de Estado contra el cambio climático

Las adhesiones políticas a la propuesta del Gobierno para un pacto de Estado contra la emergencia climática siguen alejándose, entre el portazo del PP y el rechazo de las formaciones nacionalistas e independentistas por el riesgo de “recentralización” de competencias en la lucha contra los incendios o las danas. Una rebaja de expectativas a nivel político que Pedro Sánchez intenta contrarrestar buscando apoyos entre la sociedad civil y en los agentes sociales.

Para ello, el presidente ha reclamado a las energéticas “valentía” y que “empujen” para levantar un “gran consenso de país”, en referencia a este acuerdo contra el cambio climático, aprovechando su intervención en una jornada organizada por el Gobierno español y el Foro Económico Mundial bajo el lema ‘España, vanguardia de la industria verde’ para formalizar la adhesión de España a la iniciativa First Movers Coalition, en pro de la descarbonización de la industria como vía para apuntalar la transición ecológica.

Tras agradecer su compromiso en referencia a la sostenibilidad y la transición ecológica, Sánchez invitó a las energéticas a ir un paso más allá para participar la construcción de este pacto de Estado. “Nos va la vida en ello”, exhortó con un mensaje extensible a la gran industria. Una mano tendida para buscar alianzas que se produce tras los choques directos entre El Ejecutivo y los grandes del sector energético por el denominado 'impuestazo', que estuvo vigente dos años y que este ejercicio se ha retirado por la falta de apoyos políticos a prorrogarlo.

El jefe del Ejecutivo ha reclamado que “no ideologicemos esta materia” de la emergencia climática para vincular su hoja de ruta con una amenaza incuestionable por los expertos y científicos y que debería trascender los tiempos políticos. Para promover la prevención y “políticas forestales de largo alcance”. Una demanda social, añadió, cuya materialización requiere actuaciones que trasciendan las legislaturas.

“El cambio climático mata, así de simple”, argumentó el jefe del Ejecutivo para alertar sobre el “polvorín” de los montes españoles y la “olla a presión” del mar por el aumento de temperaturas. Para poner en situación los incendios de este pasado verano y elevar su alerta a la UE, Sánchez destacó que las hectáreas quemadas (más de 330.000) “representan la superficie combinada de Malta y Luxemburgo”.

Coordinación con las comunidades

En el Gobierno quieren pisar el acelerador para fijar el mes de diciembre como plazo para cerrar un pacto de estado. Antes de final de año, desde la urgencia marcada por la convicción de que los incendios se apagan en invierno y que el incremento de las temperaturas en la cuenca mediterránea obliga a prepararse para enfrentar el azote de danas.

De cara a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, pero también para la prevención, en el Gobierno se apela a trabajar codo con codo y de forma coordinada con las comunidades autónomas. Para ello, uno de los principales puntos del decálogo que compone su propuesta de pacto de Estado es el impulso de una agencia estatal de Protección Civil. Un organismo enfocado a la mejora de la "la coordinación y toma de decisión compartida".

Desde que el Gobierno puso sobre la mesa la intención de impulsar un pacto de Estado contra el cambio climático, jefe del Ejecutivo viene insistiendo en la necesidad de “dejar de lado la lucha partidista” para que los “grandes acuerdos”, como en el pasado la lucha antiterrorista o esta misma legislatura contra la violencia de género, se produzcan también en relación a la emergencia climática. Una llamada al acuerdo, extensible a “todas las administraciones”, además de partidos y sociedad civil.

Petición de ayuda tras el choque

La aplicación del impuestazo a las grandes del sector energético desató un choque frontal con el Gobierno, con paralización de inversiones milmillonarias y con una guerra abierta en los tribunales. El Gobierno aprobó en lo peor de la crisis energética un nuevo gravamen temporal del 1,2% sobre las ventas -no los beneficios- de las grandes energéticas, las que facturan más de 1.000 millones de euros al año (gigantes como Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy), y que se aplicaría durante dos años. En estos dos años de aplicación la recaudación procedente sólo del sector energético ha superado los 2.400 millones de euros.

Durante este tiempo, las grandes energéticas y las patronales que las agrupan criticaron con dureza el gravamen, presentaron recursos ante la Audiencia Nacional para intentar tumbar el impuesto por considerarlo ilegal y desproporcionado. Y también llegaron a amenazar con la paralización de proyectos de inversión millonarios si el Gobierno prolongaba el gravamen extraordinario para 2025. Un intento que finalmente fracasó por no conseguir el respaldo mayoritario del Congreso.

Las grandes energéticas sumaron fuerzas en una ofensiva común histórica contra la prórroga del impuesto extraordinario sobre sus ventas y advirtieron al Ejecutivo de que estaban en riesgo inversiones verdes de hasta 30.000 millones en los próximos años si el gravamen se mantenía. Todos los gigantes energéticos se unieron en una revuelta conjunta inédita a través de un comunicado común del Club Español de la Energía (Enerclub), un lobby al que están adscritas las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), las gasistas, (como Naturgy) y las petroleras (Repsol, Moeve, BP o Totalenergies). Todas ellas tienen previstas inversiones millonarias para impulsar proyectos de hidrógeno verde en el mercado español. Tras no fructificar el intento de prolongar el impuesto durante este año, varias de las grandes energéticas ratificaron la reactivación de las inversiones en duda.