La Comisión de Venecia se decanta por un CGPJ elegido por los jueces pero que evite una "politización interna" a través de las asociaciones

La Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa encargado de chequear la salud de los sistemas democráticos de sus Estados miembros, ha adelantado ya lo esencial del contenido del dictamen que hará público el próximo lunes sobre cuál debe ser el modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en España. Sus expertos se decantan por la opción defendida por el Partido Popular para que sean los propios jueces los que elijan a los doce miembros de este órgano que deben proceder de la carrera judicial, pero añaden prevenciones.

El objetivo es el de apartar las sombras politización que se ciernen sobre el Consejo del Poder Judicial desde hace décadas, y para ello los expertos europeos admiten que ese sistema de que los jueces designen a los jueces --que vendría a sustituir al actual, en el que intervienen el Congreso y el Senado-- debe añadir medidas adicionales que eviten una "politización interna" o indirecta a través de las asociaciones profesionales, pues algunas de ellas manifiestan habitualmente cercanía con los postulados de determinados partidos políticos.

A la hora de hacer una valoración, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha preferido fijarse en la parte del informe de la Comisión de Venecia donde “dice que no hay estándares obligatorios” sobre la elección de los vocales. De ahí las diferencias entre países, como Francia dando capacidad al presidente de la república para elegir a alguno de sus miembros o Italia situando en su presidencia al presidente de la república, ejemplificó.

Sobre la independencia judicial en el actualmodelo, Bolaños aseguró que “está absolutamente garantizada”, según ha señalado en declaraciones a los medios tras la firma de un convenio con la ONCE para implementar medidas de accesibilidad a la Justicia. De hecho, recurrió al propio informe para destacar que “por primera vez un organismo internacional menciona los riesgos que tiene el modelo corporativo que defiende la derecha”

Valoración de los progresistas

El avance del dictamen también ha sido valorado por nueve de los vocales que integran actualmente el sector más progresista del órgano, que han incidido en este punto porque identifica un doble riesgo en la propuesta conservadora: "por un lado, el corporativismo; por otro, la politización a través de las asociaciones judiciales. Ambos factores pueden erosionar la confianza ciudadana y debilitar el sistema".

"El problema no reside en la elección parlamentaria de los vocales judiciales, que constituye la base de su legitimación democrática como órgano de gobierno —no jurisdiccional— del Poder Judicial. El verdadero riesgo aparece después, en la fragmentación o lottizzazione interna, cuando las lógicas de grupo o de asociación sustituyen al sentido institucional del órgano", agregan. Para este sector del Consejo, dicha deriva puede debilitar su cohesión y eficacia, y poner en cuestión la confianza pública en su funcionamiento.

Este dictamen es fruto de la visita que los expertos europeos realizaron hace un mes a España, donde se reunieron con los actuales vocales, magistrados del Tribunal Supremo y otros órganos, asociaciones judiciales y representantes de organismos de la sociedad civil.

El viaje se realizó a instancias de la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, después de que el Consejo fuera incapaz de cumplir con el encargo de realizar un planteamiento concreto a las Cortes sobre cómo debía reformarse la actual legislación. De hecho, se presentaron dos propuestas enfrentadas que son las mismas que ha analizado la Comisión de Venecia: dejar las cosas como están, con un modelo que posibilita la designación de los miembros del Consejo por las Cortes generales; u optar por una reforma que permita a los doce integrantes de origen judicial ser elegidos por sus pares.

En una nota de prensa distribuida este viernes, la Comisión concluye que esta última propuesta cumple con el estándar de elección entre pares, pero no es suficiente para descartar la politización interna, y recomendó medidas adicionales. Así, apuntan que el proceso electoral que se establezca finalmente debe protegerse no solo de la influencia política externa, "sino también de la politización interna,,es decir, no solo de la interferencia directa de actores políticos, sino también de la dependencia indirecta o la "alineación" con dichos actores, en particular a través de las asociaciones judiciales.

Intervención del órgano político.

En cuanto al mantenimiento del sistema actual --elige el parlamento de una con candidatos de las asociaciones y también independientes-- la Comisión de Venecia reconoce que, si bien introduce una fase de elección directa por los jueces-- no cumple con el estándar de elección entre pares, ya que deja la decisión final en manos de un órgano político.

En este punto, el dictamen señalará que si bien no existe obligación de establecer un consejo judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que “cuando se establece un consejo judicial, las autoridades deben tener la obligación de garantizar su independencia de los poderes ejecutivo y legislativo a fin de, entre otras cosas, salvaguardar la integridad del proceso de nombramiento judicial”. Las normas europeas establecen que los miembros judiciales del consejo judicial deben ser jueces elegidos por sus pares de manera que se garantice una amplia representación del poder judicial.

Por otro lado, los otros ocho miembros no jueces del Consejo, a juicio de los expertos de la Comisión de Venecia, sí pueden ser elegidos por el Parlamento por mayoría cualificada, lo que otorga legitimidad democrática y previene el corporativismo.

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