El Gobierno rebaja las expectativas de ERC para la restitución de bienes incautados en la Guerra Civil por “falta de documentación"

Las negociaciones para el real decreto con el que se pretende compensar económicamente a los partidos políticos por los bienes que les fueron incautados durante la Guerra Civil están estancadas. Esta medida pendiente de desarrollar de la ley de memoria democrática, tras pactarse en su momento con ERC, se incluyó en el plan anual normativo de 2025. Sin embargo, sigue acumulando retrasos al ir pasando de manos entre ministerios. De Hacienda, con las competencias en Patrimonio del Estado, ha saltado a Política Territorial. Fuentes del departamento que dirige Ángel Víctor Torres justifican la dilación en las auditorías sobre bienes expropiados por la “falta de documentación”.

Estas mismas fuentes señalan las dificultades para dar “sustento documental” a las propiedades de inmuebles incautados por el franquismo en este periodo, que reclaman principalmente los republicanos catalanes. Muchas de ellas estarían documentadas como bienes del gobierno republicano, en lugar de propiedad de ERC. Una línea difusa entre el gobierno legítimo y la organización al frente de la Generalitat durante la Guerra Civil, bajo la presidencia del republicano Lluís Companys, similar a la que se enfrentó el PNV en sus reclamaciones de incautaciones.

El palacete parisino que se le restituyó a finales del pasado año fue sede del Gobierno vasco en el exilio, con el lehendakari José Antonio Aguirre al frente, pero se logró documentar su adquisición proveniente de donaciones de militantes del PNV. Entonces, el Ejecutivo documentó que "el origen de los fondos con que se abonó la compra inicial del edificio no era ni podía haber sido el Gobierno Vasco, sino que fueron recaudados en 1936 y gestionados por parte del PNV”.

El Gobierno todavía está cuantificando así los bienes y reconoce diferencias con ERC, aun abriendo la mano al diferenciar las restituciones de las posibles compensaciones. De hecho, la propia ley de memoria democrática se refiere a la aprobación del reglamento “de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939”.

En el caso de los jeltzales, la restitución del palacete parisino se complementó con la compensación por la “privación” de otros dos inmuebles en Francia. Un acuerdo que se justificó en la ley de memoria “dando efectividad al derecho de reparación en los supuestos de determinados bienes incautados en el extranjero en situaciones específicas y excepcionales”.

Desde la formación que lidera Oriol Junqueras evitan hacer cálculos, a la espera de dichas auditorías. Aunque han ido variando las cifras, durante la tramitación de la ley de memoria democrática se valoró en alrededor de 90 millones euros los inmuebles incautados a esta formación.

Sin acercamiento previo, tanto en el Ejecutivo como en ERC apuestan por aprobar primero el decreto y dejar la batalla para cuando se tramiten las solicitudes y se instruyan los expedientes. Como explican desde la secretarío de Estado de Memoria de Demócrata, el paso previo para este procedimiento es la aprobación del real decreto que desarrolle la Ley 43/1998 con las modificaciones de la Ley 50/2007. Para ello, por el momento se ha realizado el trámite de consulta pública previa y las mismas fuentes avanzan que "se está redactando el texto".

Para ERC, la aprobación de este decreto es un asunto sensible, según reconocen fuentes parlamentarias. La medida se incluyó como una disposición adicional en la ley de memoria aprobada la pasada legislatura por las presiones de los republicanos, que amenazaron con tumbarla hasta el último momento.

Ante la falta de avances, desde ERC volvieron a presionar al Gobierno la pasada semana con el registro de varias preguntas escritas sobre los incumplimientos en la norma. Entre otras cuestiones, reclaman conocer el calendario de presentación del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y las actuaciones realizadas para retirarlos, así como explicaciones sobre la auditoría y compensación económica a las víctimas prevista en la ley.

El retraso es patente, pues la norma de octubre de 2022 establecía un plazo para desarrollarla de seis meses desde su aprobación. En una moción presentada por ERC al inicio de esta legislatura ya se instaba al Gobierno a acelerar el cumplimiento de esta medida. Desde el grupo parlamentario denuncian falta de voluntad política para cumplir “los mandatos legales establecidos”.

Medidas pendientes

Más allá de las formaciones políticas, según datos del Gobierno, el número de beneficiarios por las reparaciones económicas por parte del Estado desde la vuelta de la democracia supera los 611.800, por un valor de 25.500 millones de euros.

El tirón de orejas de ERC coincide con un momento en el que al Gobierno se le acumulan las carpetas de compromisos pendientes con los socios y que estos buscan despejar antes de abordar la negociación de los Presupuestos. En el caso de los republicanos, se ha elevado al rango de línea roja que se avance en el acuerdo para financiación singular de Catalunya.

El principal avance en las medidas pendientes de desarrollar de la ley se produjo con el desbloqueo del Memorial de Cuelgamuros, tras llegar a un acuerdo con el Vaticano. El pasado mes de abril arrancó así el concurso internacional de ideas para reconvertir el monumento franquista, anteriormente denominado Valle de los Caídos, en un “centro de reinterpretación histórico, artístico y paisajístico”. La elección del proyecto ganador se espera conocer a finales de este mes.

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