El Gobierno reduce a un mes el plazo para que Madrid, Aragón y Baleares cumplan la ley del aborto

El requerimiento aprobado en el Consejo de Ministros de este martes para exigir formalmente la creación de un registro de sanitarios objetores al aborto a las comunidades "insumisas" reduce el plazo para responder a un mes. Además de a la Comunidad de Madrid, el requerimiento se ha extendido a Aragón y Baleares. Se saca así de la ecuación a Asturias, comunidad a la que también se dirigió por carta el jefe del Ejecutivo por su falta de avances en este protocolo que desarrolla la normativa vigente. Según fuentes de Moncloa porque desde el Principado se ha respondido por escrito y trasladado su pretensión de iniciar el procedimiento.

En un principio, Sánchez se había referido a un plazo de tres meses para la creación de este registro. Si se agota este plazo, y en caso de incumplimiento, el Gobierno contará con dos meses para acudir a los tribunales y plantear un contencioso administrativo, según ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Fuentes de su ministerio aclaran que de responderse negativamente, comenzaría de inmediato el plazo marcado para elevar el contencioso.

"La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, establece que las Comunidades Autónomas deberán contar con un registro de objetores de conciencia para la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo", arranca el texto del requerimiento". Desde entonces, continúa, "la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación de dichos registros a lo largo del año, a través del rastreo diario de boletines y sedes electrónicas que se realiza como parte principal de las labores de Alta Inspección, y se ha constatado que la Comunidad Autónoma cuya consejería está a su cargo no ha desarrollado dicho registro de objetores".

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cerró la puerta al requerimiento del Gobierno la pasada semana con el argumento de que "no voy a hacer la lista negra de médicos nunca”. Durante el último pleno de la Asamblea de Madrid respondió así a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot sobre esta cuestión, apoyando su rechazo en que la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos protegerían a los profesionales para no declarar sobre su ideología, religión o creencias.

La titular de Sanidad se ha dirigido directamente a Ayuso para aseverar que "la ley se cumple" y responderle que "las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio", en referencia a sus declaraciones exhortando a irse "a otro lado a abortar". "Nos quedamos y vamos a ejercer derechos libremente, aquí y ahora", concluyó García. Según argumentó, el registro no solo no es opcional, sino que lo calificó como una "herramienta esencial para garantizar que los derechos de los profesionales sanitarios son compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, seguridad y respeto".

El Gobierno de Aragón cumplirá en tiempo y forma

Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón han asegurado a este diario que "ya se han iniciado los trámites para la creación del registro y se hará dentro de plazo". El departamento que dirige José Luis Bancalero se pregunta "por qué en menos de diez días el Gobierno de Sánchez envía dos cartas para solicitar prácticamente lo mismo, por qué se pide la creación del registro en este preciso momento, cuando es una exigencia que ya existía cuando el PSOE gobernaba en Aragón y por qué se plantea un problema donde no lo hay".

En Sanidad acusan a Sánchez de "querer poner la interrupción voluntaria del embarazo en el centro del debate para desviar la atención de cuestiones muy graves, como es una investigación judicial por presuntos casos de corrupción en su partido, el PSOE, así como de sus familiares".

Bancalero insiste en que "se plantea un problema donde no lo hay" y defiende los datos de interrupción voluntaria del embarazo que la DGA facilita "con total transparencia" al Gobierno de España. El consejero de Sanidad insta a Sánchez a afrontar otras cuestiones sanitaras, como "la falta de profesionales, especialmente por las jubilaciones previstas, y la necesidad de más financiación en las CCAA para ofrecer una sanidad del siglo XXI",

Blindaje constitucional

El Consejo de Ministros ha aprobado además el inicio del procedimiento para blindar en la Constitución el derecho al aborto, requiriendo un dictamen al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno. La propuesta pasar por reformar el artículo 43 incluyendo un nuevo punto (43.4) con el siguiente texto: " Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres."

Para sacar adelante esta reforma se requiere el apoyo de dos tercios del Congreso y, por tanto, el concurso del PP. Pese al rechazo de Feijóo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado al diálogo para construir esta mayoría y se ha mostrado confianza en arrastrar a los populares. Para ello, y tras apuntar a que existen "dos almas" dentro de la formación conservadora, instó a que se imponga la del "partido de Estado" frente a la que vinculó más cercana a los postulados de Vox. En este sentido, puso como ejemplo la influencia de la formación de ultraderecha en el gobierno de Castilla y León, antes de abandonar la coalición, cuando puso sobre la mesa un protocolo antiaborto. Más concretamente, el hecho de que no se haya impulsado en este territorio la ley contra la violencia de género, subrayó, "tiene mucho que ver con los primeros años de gobierno de PP y Vox".

A los populares se les acusa de ceder a la agenda de la ultraderecha en la privatización de los servicios públicos, pero también en materia de inmigración, memoria democrática o derechos LGTBI. El choque con las comunidades se extiende a otros asuntos como la vivienda, por las competencias y su rechazo a aplicar la ley del ramo para intervenir los alquileres, o la financiación, con los “regalos fiscales” y la quita de la deuda que rechazan las comunidades del PP como uno de los principales caballos de batalla.

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