¿Qué ha aclarado y qué no el fiscal general en su declaración en el Supremo?

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aprovechó su declaración ante el Tribunal Supremo para detallar todas las explicaciones que consideró oportunas para negar haber cometido el delito de revelación de secretos por el que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel. Lo hizo del tirón sin necesidad de que la fiscalía o la abogacía del Estado, que le defiende, tuvieran apenas necesidad de formular preguntas. Estos son los principales puntos que ha aclarado y que ha dejado pendientes el fiscal general con sus palabras.

El fiscal general se mostró rotundo ante la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, a la hora de asegurar que él no había "hecho llegar el correo de 2 de febrero a personas ajenas a la fiscalía", lo que le permitió negar la piedra angular de la acusación en su contra: que fuera él quien se lo hizo llegar a la prensa para que se conociera que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había admitido la comisión de dos delitos fiscales con el objetivo de intentar llegar a un pacto con la fiscalía que le evitara el juicio.

A diferencia de lo concluido por los investigadores, García Ortiz señaló que en su móvil tenía su información, su "intimidad digital", pero, además, información sensible de distintos casos, como "cabeza de 2.800 fiscales" que forman la carrera. Por eso borra mensualmente los whatsapps para evitar que consten datos que puedan afectar a terceros, por si olvida, pierde o le hackean el aparato. Con ello negó uno de los puntales de la acusación en su contra: que borró el teléfono móvil cuando el Supremo abrió la causa en su contra.

Además, aseguró que facilitó todos los dispositivos y sus contraseñas, incluida de su cuenta personal de Gmail, a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el 30 de octubre del año pasado registraron su despacho, lo que consideró "un hecho grave y doloroso".

Lo que sí le preguntó su defensa, el abogado del Estado Iñaki Ocio, fue si había querido perjudicar a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador; el acusado lo negó con vehemencia. Recordó que incluso se había cambiado la nota de prensa para no llegar a mencionar la relación que unía ambos en la versión que se distribuyó a los medios. Añadió que en cualquier caso tenía que incorporar "lo que ya era de conocimiento público" sin "dar más allá de lo que se había dicho para no perjudicar a un tercero, un investigado por la fiscalía".

García Ortiz defendió que no reconoció a la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, cuando esta aseguró en el juicio que le reprochó haber filtrado a la prensa la información personal de González Amador. “Yo no escuché esas palabras”, zanjó el fiscal general, que puso en duda que pudiera haber respondido que eso no importaba en ese momento. “Dudo que un fiscal se dirija así al fiscal general del Estado. El contexto era otro, era yo quién llamaba insistentemente, lo que no espero es una réplica”, completó.

El fiscal general también reprochó que Lastra no le hubiera comunicado las gestiones que ella había realizado previamente: “No me informó en absoluto. Tendrían que haberme informado. [...] Que se estén llevando negociaciones de conformidad debería haber sido informado de quien tenía conocimiento”, lamentó.

Finalmente, también en relación a la fiscal superior de Madrid, el fiscal general destacó que Lastra, tras las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, el director de Gabinete de la presidenta madrileña, le llamara, por primera vez desde que había sido nombrado fiscal general del Estado: “Me manifiesta una inquietud de un hecho que le ha comentado su director de comunicación", que apuntó que se estaba diciendo que la fiscalía estaba ofreciendo "un pacto" y que ese pacto se había retirado "por órdenes de arriba”.

El fiscal general del Estado no aclaró en la declaración del juicio, en la que no respondió las preguntas de las acusaciones, si los documentos que recibieron los antiguos integrantes del Gobierno y del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato, tenían su origen en la Fiscalía General del Estado. Su referencia a ambos fue únicamente, a preguntas de su defensa, que no los conocía.

Por eso, el juicio y la declaración de Álvaro García Ortiz no aclararon quién filtró esta información, que González Amador considera lesiva para su intimidad, porque permitió que se le tachara de "delincuente o defraudador confeso".

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