La UCO detalla que el PNV reclamó altos cargos en empresas públicas tras la moción de censura

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo detalla que el PNV reclamó a través del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, ahora en prisión, situar a dos altos cargos en empresas públicas y la permanencia de otro en un ministerio tras la moción de censura de 2018 por la que Pedro Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno. Cerdán fue uno de los negociadores de los socialistas para conseguir los apoyos necesarios a la investidura de Sánchez. Tras salir adelante, y coincidiendo con la conformación del Gobierno, Cerdán envió un documento con el título “PETICIONES NOMBRAMIENTOS PNV” que recoge el último informe pericial aportado a la causa que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En el documento se señala que los nacionalistas vascos habrían solicitado mantener a Javier Chacón en la dirección de evaluación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. “Fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional”, se indica por parte de Cerdán, quien por entonces era secretario de coordinación territorial del PSOE y número dos en Ferraz de José Luis Ábalos. El mismo informe señala que el entonces Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental fue el responsable de conceder el informe favorable del proyecto 'Mina Muga', sobre el que hizo gestiones el empresario vasco Antxon Alonso, supuesto socio de Cerdán en la mercantil Servinabar, y "escalón intermedio entre Acciona-Geoalcali y la Administración Pública".

La aprobación de la concesión minera estaba supeditada a la Declaración de Impacto Ambiental favorable, que debía ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente. "A este respecto, no sería hasta el 31 de mayo de 2019 -momento en el que Ábalos ya formaba parte del Gobierno- cuando el proyecto minero obtendría la DIA favorable por parte del Ministerio", destaca la Guardia Civil.

Negación

Desde el PNV han trasladado a través de un comunicado que la dirección del partido "desconoce las supuestas peticiones que, de acuerdo con el informe de la UCO conocido hoy, EAJ-PNV habría hecho con nombramientos de tres cargos públicos del Estado". Asimismo, niegan de forma rotunda "que estos supuestos nombramientos tuvieran ningún tipo de relación con la moción de censura que tuvo lugar en mayo de 2018". Finalmente, rechazan también cualquier vinculación con la trama.

Un audio interceptado a Koldo García evidencia que el que fuera asesor del Ministerio de Transportes se comprometió a que el Gobierno socialista autorizaría una concesión entre Navarra y Aragón: "Como han nombrado nuevo secretario de Estado y es la misma ministra de Medio Ambiente, esperamos que para el mes de abril, más o menos, primeros de abril, esté resuelto, y entonces ya pueda cumplir lo que prometí", dice de forma literal Koldo García en el archivo, que fue entregado por la UCO al magistrado que investiga en el Tribunal Supremo el caso Cerdán-Ábalos, Leopoldo Puente.

ADIF y SEPI

Sobre los altos cargos que se sugieren corresponden a ADIF, la entidad pública dependiente del ministerio de Transportes que ocuparía Ábalos, y al "INI o SEPI". Esta última entidad está adscrita al ministerio de Hacienda, que es el responsable de nombrar a su presidente. En ambos casos la solicitud es de “un puesto importante”. No trascienden los nombres en dicho documento, pues estarían pendientes de trasladar. “Estos dos me tienen que decir los nombres el lunes, vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme”, señala el texto que acompaña a las peticiones.

Es habitual que el Gobierno haga guiños a sus socios con asientos en los consejos de administración de empresas públicas, pero no así de altos cargos, como detalla la UCO. De hecho, Junts mantiene a afines en los consejos de Aena o Renfe, a pesar de anunciar su ruptura con el Gobierno.

La UCO también concluye que el 75,33% de los beneficios de la empresa Servinabar, cuya titularidad atribuye en casi la mitad al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se corresponde con el 2% que había acordado que Acciona le pagara por obra adjudicada. Los agentes afirman que la empresa administrada por Joseba Antxon Alonso tiene como "principal fuentes de financiación a Acciona Construcción". "En cuanto a las posteriores salidas de fondos de la mercantil navarra, y teniendo en cuenta el contrato privado de compraventa de participaciones mediante el cual Santos Cerdán adquirió en el año 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar, se ha observado que tanto éste como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil".

El informe explica que en relación con las obras de cuya adjudicación se sospecha que "se habrían derivado presuntos pagos" al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García que "habrían sido gestionados por Santos" Cerdán. 

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