La Audiencia de Madrid reabre el caso por la publicación de fotos de jueces catalanes pro consulta soberanista a partir de unos audios de Villarejo

La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la investigación por la publicación de la fotografía del DNI de 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir en 2014. El tribunal de la Sección Tercera ha admitido el recurso de los afectados, en el que solicitaban la reapertura del caso a raíz de la difusión de los audios del excomisario José Manuel Villarejo, ya que, a su entender, han aflorado “diferentes fuentes de prueba relativas a lo que se ha denominado Operación Cataluña” y a la denominada policía política del PP. El Juzgado de Instrucción número 15 de la capital había archivado provisionalmente el procedimiento al desconocerse el autor de la filtración de las fotografías.

La resolución de la Audiencia de Madrid precisa que en 2022 aparecieron informaciones que apuntaban a la existencia de grabaciones efectuadas por Villarejo en reuniones con otros funcionarios y agentes de la autoridad, en algunas de las cuales se hacía referencia a la preparación de información sobre los jueces que habían firmado el manifiesto a favor del derecho a decidir. En este sentido, el tribunal señala que los jueces catalanes afectados aportaron en marzo de 2024 a la Fiscalía Superior de Catalunya la transcripción de una de estas grabaciones, en concreto de una reunión celebrada el 4 de marzo de 2014 en la sede de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Madrid. A dicha reunión asistieron el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino; el comisario Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos del CNP; el comisario Pedro Esteban, jefe de la Brigada de Información del CNP en Cataluña, y el comisario José Manuel Villarejo.

Borrar el rastro

Estas conversaciones, según la Audiencia de Madrid, están vinculadas a los hechos investigados por el juzgado madrileño, que consisten en el acceso por parte de tres funcionarios policiales a las bases de datos del DNI los días 13 y 14 de febrero de 2014 para extraer las fotografías de los jueces catalanes, que posteriormente fueron facilitadas a un medio de comunicación. En esa reunión del 4 de marzo de 2014, los mandos policiales hablan de la intención de los jueces afectados de denunciar la filtración y de su propósito de encontrar el origen de las imágenes. Pino advierte a sus compañeros y les indica que, si alguien les pregunta por las fotografías, se limiten a decir que recibieron órdenes verbales y directas del jefe superior de Policía en Catalunya, ya que, al haberse pronunciado los jueces a favor del derecho a decidir, debían ser investigados. En los audios también se oye al comisario Esteban plantear la posibilidad de borrar el rastro de la investigación en la base de datos del DNI, y a Pino responderle que “ya lo están haciendo”.

La resolución de la Audiencia de Madrid reconoce que con anterioridad, el 21 de abril de 2016, la misma Sección Tercera confirmó el archivo dictado por el juzgado al constatar que los agentes estaban autorizados para acceder a la base de datos y que lo habían hecho por encargo de sus superiores, desconociéndose entonces cuál era la finalidad de dicho acceso. Sin embargo, ahora se han aportado los audios de Villarejo, que ofrecen nuevas pistas. Los magistrados consideran que en ningún caso ha prescrito el delito y que, a la vista de estas grabaciones, deben practicarse diligencias para esclarecer las responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos responsables de la presunta revelación de secretos.

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