Turespaña, bajo la lupa del Tribunal de Cuentas: más de 1.400 cuentas del organismo sin justificar y 369 de las que no se sabe nada

Después de nombrar un delegado instructor para determinar si la Agencia Española de Cooperación (AECID) incurrió en responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas ha vuelto a poner bajo la lupa a otro organismo estatal. Se trata de Turespaña, cuyas cuentas también serán revisadas por el órgano fiscalizador para determinar si la falta de control de sus gastos es merecedora de la apertura de un procedimiento sancionador o todo es correcto, pese a haberse detectado 1.414 cuentas sin justificación e ignorarse el estado de otras 369. El propio Instituto de Turismo de España admite retrasos de años, al reconocer que en 2025 aprobó gastos correspondientes a 2001 y que otros, de 2014, aún están pendientes de "aprobación o depuración".

El auto en el que se acuerda dar traslado a la Sección de Enjuiciamiento para que nombre a un delegado instructor se basa en los indicios de responsabilidad contable apreciados por el fiscal el pasado mes de abril, tras conocerse la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2023. No obstante, la fiscalía cambió su criterio y propuso el archivo de las actuaciones tras estudiar las alegaciones presentadas por el organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, a cuyo frente está Jordi Hereu, aunque el ejercicio que ha dado lugar a la apertura de diligencias corresponde a sus antecesores, Héctor Gómez y Reyes Maroto.

La resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, recoge las explicaciones del organismo, que dice haber comprobado "5.551 pagos expedidos entre 2014 y 2022" que estaban pendientes de "aprobación o depuración a 31 de diciembre de 2023", y que "corresponden a 2.944 cuentas de consignaciones de gastos a justificar". Añade que "de los 7.208 libramientos registrados entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2023 pendientes de aprobación" a finales de 2023, "51 se refieren al periodo entre 2001 y 2003" y fueron aprobados en 2025.

El resto de libramientos comprendido entre 2014 y 2023 corresponden a 3.344 cuentas justificativas pendientes de aprobar entonces, de las que 396 son del ejercicio 2023 y vencían al año siguiente. De las 2.948 restantes, 2.579, por un importe de 82,5 millones de euros se han remitido a la Intervención Delegada, que aún debe pronunciarse al respecto. Las que sí están aprobadas, según Turespaña, son 1.165 cuentas del periodo 2014-2023.

"Prácticamente" todas

Con esos datos el organismo estatal trata de acreditar el "esfuerzo para mejorar la situación" que dice haber realizado "en lo que va de año", lo que le da pie para añadir que "el 96,3% de las cuentas libradas con fecha de vencimiento cumplida y pendientes de aprobar están remitidas a la Intervención Delegada y en espera de informe, y prácticamente el 100% de las cuentas que han sido aprobadas están remitidas al Tribunal de Cuentas". Esas explicaciones convencieron al fiscal, que en el segundo trámite de informe se muestra partidario del archivo, pero no al abogado del Estado, que, en el mismo sentido que en noviembre, no se opuso al nombramiento del delegado instructor. Tampoco al consejero de Cuentas, que se ha decantado por dar luz verde a la investigación.

El auto deja constancia de que el número de cuentas remitidas a la Intervención Delegada se ha reducido en 1.165 de las 2.579 que estaban pendientes, pero eso se ha hecho "un año y 10 meses después del término en que deberían haber quedado rendidas y justificadas todas". Ello significa que todavía siguen pendientes 1.414 cuentas y se ignora todo sobre otras 369 que "ni en la fecha tan reiterada de 31 de diciembre de 2023 ni un año y 10 meses habían sido sometidas al escrutinio del interventor".

"Las alegaciones no aportan más información sobre el estado de la tramitación de los expedientes respectivos, sobre las razones por las que ha dejado de someterse al escrutinio de este una cifra voluminosa de cuentas o sobre eventuales razones específicas del incumplimiento de los plazos establecidos para la obligada rendición anual de cuentas", señala la resolución.

En opinión del Tribunal de Cuentas, "las alegaciones del organismo recogen cifras vagas ('prácticamente el 100%') o, en apariencia, inconsistentes ('el 96,3'), si se ponen en relación con las cifras de cuentas o pagos enviados a la Intervención aún pendientes del criterio de esta (1.414) o ni siquiera enviados (369)". De ahí que considere imprescindible iniciar una investigación para determinar "si una parte considerable de ese volumen de pagos pendiente de justificar responde solamente a una gestión deficiente", lo que no sería competencia del Tribunal de Cuentas, u obedece a otras razones.

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