Anticorrupción esgrime los 26 registros y los 169 dispositivos intervenidos para prorrogar seis meses más el caso Koldo

La Fiscalía Anticorrupción tiene claro que en el caso Koldo no está todo dicho. Por eso ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que amplíe otros seis meses más la instrucción para llegar hasta el final de las presuntas adjudicaciones de obra pública investigadas o si se ocultó algún delito con los pagos en efectivo que los imputados recibieron del PSOE. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha consultado al resto de partes antes de tomar una decisión.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el fiscal adscrito al caso, Luis Pastor, explica que, "dada la naturaleza de los hechos y delitos investigados, se han practicado numerosas diligencias, entre las que cabe destacar -en lo que viene a afectar a la justificación de la prórroga- las diligencias de entrada y registro efectuadas el 20 de febrero de 2024, donde fue intervenida numerosa documentación". Fueron un total de 26 registros en los domicilios y las sedes sociales de las empresas vinculadas a los imputados.

En esos registros, "además de la intervención de documentación, efectos y metálico", el fiscal recuerda que los agentes se incautaron de "un total de 169 evidencias digitales (teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento), que tras su volcado continúan siendo examinados para su posterior informe al juzgado por la unidad policial encargada de la investigación desde el primer momento: la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada". Parte de esos dispositivos ya han sido devueltos, tras analizarse su contenido. De hecho el magistrado hizo salir de prisión a Koldo García para entregarle en persona y en presencia de su abogada, Leticia de la Hoz, parte de los dispositivos que le habían sido incautados en su domicilio.

Con lo obtenido en ese análisis se amplió el número de imputados, señala el fiscal, en referencia, entre otros, a quienes fueron responsables de Adif y de Carreteras durante el mandato de José Luis Ábalos en Transportes: Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, cuyas cuentas están siendo escrutadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También se está aún a la espera, recuerda el representante del ministerio público, del informe relativo a la documentación requerida al Servicio de Salud de las Illes Balears sobre la compra de mascarillas durante la pandemia.

En la parte del Supremo

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha denegado "la autorización solicitada por la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra para que Koldo García comparezca el miércoles 11 de febrero". El motivo explicado en una breve providencia es que el exasesor de Ábalos tiene que comparecer personalmente ante la Sala de lo Penal del propio Supremo, "en calidad de acusado al día siguiente para la celebración de la audiencia preliminar del llamado caso mascarillas", hechos que serán los primeros en ser juzgados.

El permiso fue solicitado al Alto Tribunal, porque es el que envió a prisión al exministro José Luis Ábalos y al que fue su hombre para todo, al entender que el riesgo de fuga se volvía "extremo" dada la gravedad de las penas solicitadas para ambos en el primero de los juicios a los que se enfrentarán: el relativo a la compra de mascarillas, durante la pandemia, por organismos dependientes de Transportes a la empresa apadrinada por el comisionista Víctor de Aldama. Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones populares elevan la petición a 30 años de prisión para cada uno de ellos.

La renuncia al escaño de Ábalos significó que la instrucción de la parte relativa a la adjudicación de obra pública, en la que también está imputado su sucesor al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se remitiera a la Audiencia Nacional, donde ya se investigaba todo lo que no afectaba al aforado. El juicio relativo a la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión se quedó en el Supremo, porque ya se había abierto juicio oral contra los imputados: Ábalos, Koldo y Aldama.

Suscríbete para seguir leyendo