La jueza imputa siete delitos a Navarro, ‘Tito Berni’, Espinosa y Taishet Fuentes

La magistrada que ha dirigido la investigación del caso Mediador desde hace casi tres años, ha cerrado la fase de instrucción de la pieza principal con un auto en el que ve más que indicios delictivos para llevar a juicio a 23 personas implicadas en una presunta trama corrupta que operaba en Canarias y Madrid. La jueza observa indicios de hasta siete tipos delictivos que habrían cometido los principales cabecillas de la trama. Malversación, estafa, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales forman parte de un corolario indiciario que se completa con delitos contra la Administración pública y Hacienda, de los que serían responsables otros investigados.

El exdiputado socialista en las Cortes Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni); su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez; el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas; y Marco Antonio Navarro Tacoronte (el mediador) acaparan el grueso de las imputaciones de una instrucción cuyas actuaciones ocupan cuatro terabytes de memoria.

A lo largo de un auto de 352 páginas, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, titular de la plaza cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, ejecuta una radiografía documentada de cómo funcionaba la trama corrupta que utilizaba todos los resortes del poder a su alcance para favorecer a empresarios a cambio de mordidas que superaron los 100.000 euros.

"Toda gestión a realizar por Fuentes Curbelo representa un pago obligatorio a través del ‘mediador’"

Visitas guiadas al Congreso de los Diputados, acceso a despachos en las Cortes; almuerzos y cenas en restaurantes de alto nivel en la capital de España; botellas de champán de las marcas más reconocidas y exclusivas; fiestas en clubes privados; estancias en hoteles durante interminables noches en las que corría el alcohol y acudían mujeres dedicadas a la prostitución, a las que se pagaba hasta 300 euros por cada hora de compañía.

Tito Berni operaba así, presuntamente, de esta manera para deslumbrar, para "engrasar relaciones" con empresarios a los que no les importaba pagar si a cambio se les favorecía con la obtención de contratos públicos o negocios a los que solo podían llegar por la vía de los contactos, de los enchufes de toda la vida.

En muchos de esos encuentros, comidas y fiestas, estaba también presente Marco Antonio Navarro Tacoronte, el "nexo de unión" entre los cargos públicos, el general y los empresarios que no deja de aparecer a lo largo de todo el escrito de la jueza. Un auto que comienza recordando de donde partió todo: la denuncia interpuesta por el exdirector insular de deportes Ángel Luis Pérez Peña por el uso indebido de su tarjeta bancaria con cargos que superaban los 3.300 euros y de los que acusaba a Navarro Tacoronte. El mediador fue detenido, defendió su inocencia y quiso "demostrarlo" colaborando con los investigadores, a los que entregó dos móviles cuyo contenido sería oro molido para armar la causa que lleva su nombre. "Toda gestión a realizar por Curbelo representa un pago obligatorio por los empresarios a través del Mediador". Esta frase demoledora despeja la relación que tenían ambos con los "clientes". Además de los cuatro principales investigados, la magistrada apunta indicios de delitos -aunque en diferentes grados- para los empresarios Antonio Bautista Prado, Raúl Gómez Rojo, Miguel Ángel Robayna García, Alberto Montesdeoca García, María Inmaculada Roca Enrich, Esteban Banús Ricoma, José Santiago Suárez Esteve, Marta Isabel Suárez Cueva, Arantxa Suárez Cueva y Maximiliano Miguel Poveda Sierra.

A los investigados Álvaro de la Bárcena Argany, Estefanía Margarita González Núñez, Bienvenida Reyes Ojeda, José Domingo Fernández Herrera y María Loreto Fuertes Díaz se les relaciona con presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, actuaciones contrarias a la Administración y malversación de fondos públicos.

Vinculados al presunto blanqueo de capitales aparecen Miguel Ángel Robayna García, Irene Megolla Pérez (pareja de Navarro Tacoronte), Rubén Fuentes Pérez, Celedonio Castro Marrero y Cristian Mauricio Lillo Meza. A estos se les identifica en diversas partes del auto como "mulas", una palabra utilizada en el argot policial y jurídico que describe su papel: recibir fondos en sus cuentas bancarias y transferirlos a terceros a cambio de comisiones.

Por último, la instructora suma indicios de supuesto fraude fiscal en Hacienda para el ganadero tinerfeño Alberto Montesdeoca García.

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