Vivienda plantea a sus socios penalizar en el IRPF a los caseros que suban precios para salvar el decreto de alquileres

El acceso a la vivienda es el principal problema del país que señalan los encuestados para el barómetro del CIS y la agenda del Gobierno para paliar esta situación no acaba de desplegarse. El decreto anunciado a principios de año por Pedro Sánchez para facilitar una prórroga de los contratos de alquiler que vayan a caducar este año se ha topado por ahora con el rechazo de sus socios. Empezando por Sumar, al proponer la parte socialista intervenir a través de incentivos fiscales de hasta el 100% a los propietarios que renovasen los contratos sin subir el precio. El socio minoritario puso pie en pared exigiendo la obligatoriedad de mantener los precios, lo que desde el Gobierno tildaron de "inconstitucional" tras consultarlo con la Abogacía del Estado. Para desbloquear la negociación, el ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez ha planteado a los grupos parlamentarios combinar incentivos de hasta el 100% para quien baje el precio del alquiler y desincentivos para quien lo suba.

Según explican fuentes del departamento de Vivienda, su nueva propuesta pasa por "modular" la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF para quienes suban el precio. En ningún caso llegando al 0% porque se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo (contratos de cinco años) con los turísticos o de temporada, según confirman las mismas fuentes respecto a la información adelantada por el 'El País'.

Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que “no hay nada cerrado”, mientras que desde Sumar siguen viéndolo insuficiente ya que más que un castigo en el IRPF lo interpretan como una simple corrección de los actuales incentivos. "Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal", apuntan.

Aunque PSOE y Sumar se conminaron a negociar para llegar a un punto de encuentro, fuentes de los dos socios de la coalición de Gobierno reconocían a mediados de esta semana que las conversaciones estaban estancadas. Es más, un ministro del círculo de mayor confianza de Sánchez reconocía que por el momento “no tenemos mayoría”.

En Moncloa apostaron en un primer momento por seguir adelante con este decreto, tras asumirlo públicamente el jefe del Ejecutivo, pero la realidad parlamentaria y la diferencia con sus socios los ha obligado a buscar antes un encaje. El rechazo de decretos del Gobierno por parte del Congreso se está normalizando esta legislatura, lo que no quita para que Moncloa trate de evitar este tipo de sonadas derrotas parlamentarias. Especialmente con un asunto tan sensible como es la vivienda, después de que se constatase el desgaste por llevar la revalorización de las pensiones en un decreto ómnibus sin garantizar antes los apoyos necesarios.

Mientras desde Sumar defienden que la “intervención funciona” y entra dentro del marco legal, la parte socialista sostiene tanto que no contaría con apoyos suficientes. Junts y PNV suelen sacar a relucir sus posiciones más conservadoras en asuntos relacionados con la vivienda como con la fiscalidad. De ahí que los socialistas presentasen su propuesta para los alquileres defendiendo que no enfrenta a los inquilinos con los caseros.

La parte minoritaria de coalición se agarra a que ya hubo precedentes tanto en el escudo social aprobado a raíz de la pandemia, donde se aprobó una moratoria de contratos de alquiler, como en el decreto contra los efectos inflacionistas de la guerra de Ucrania, donde se aprobó un tope en las subidas del alquiler. En cambio, las bonificaciones fiscales están incluidas dentro de la ley de vivienda, cuya aplicación están evitando las comunidades gobernadas por el PP.

Otra de las cesiones por parte de los socialistas en las negociaciones fue abrirse a diferenciar a pequeños y grandes caseros en el decreto. Algo que la contraparte en la mesa de negociación considera que no cambiaría nada. Antes de anunciarse el decreto por parte del jefe del Ejecutivo, el ministerio de Vivienda no había cerrado la puerta a aplicar una medida de carácter obligatorio para determinados colectivos, como los vulnerables, pero finalmente se desechó.

El encaje de Junts

El Gobierno ni siquiera tiene asegurado sacar adelante la moratoria antidesahucios tras reformular el texto tumbado por el decreto para dejar fuera a los caseros con una vivienda en alquiler. Todo ello, a pesar de tratarse de un acuerdo con el PNV y con el que se pretendía acercar a Junts.

En Moncloa justificaron que los cambios introducidos en el decreto social se ha llevado a cabo desde la perspectiva de que “consideramos que tienen más consenso”. Sin embargo, los posconvergentes siguen mostrándose escépticos. Se calcula que ahora mismo estaban paralizados unos 60.000 desahucios de estas características, siendo mayoritarios los que corresponden a pequeños propietarios, que se han dejado fuera del escudo social.

Tras la aprobación este jueves de la ley de Junts para endurecer la multirreincidencia, en el Gobierno deslizaban después del pleno que este gesto “ayudaba” en su intención de recuperar a Junts. Estos últimos, por contrario, lo calificaban como un acuerdo cobrado y rechazaban que fuese a cambiar las cosas.

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