El Gobierno endurecerá la ley penitenciaria para que los corruptos que no devuelvan lo robado cumplan íntegra su condena

Más de medio año después de su anuncio, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de integridad pública para crear una agencia independiente centrada en la prevención de la corrupción. Se trata de una de las medidas estrella del plan anticorrupción que Pedro Sánchez puso sobre la mesa tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y por las que empujó Sumar.

La norma, que pretende abarcar todo el "círculo de la corrupción", endurece las penas a empresas corruptoras, elevando las penas máximas de inhabilitación y de contratar con la Administración de 15 a 20 años. Asimismo, habrá una lista negra de estas empresas con un registro "público y accesible" y será obligatorio que la titularidad y las sucesivas trasmisiones sean trazables en el Registro Mercantil.

En el ámbito de los partidos políticos, se reduce el umbral para la obligatoriedad de la notificación al Tribunal de Cuentas de donaciones por parte de partidos políticos y sus fundaciones, según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, el departamento proponente de la norma, María Jesús Montero. Este umbral se situará en los 2.500 euros, en lugar de los 25.000 actuales, aparejando un aumento de las sanciones a las organizaciones que no den cuenta de dichas donaciones en el plazo de un mes. Concretamente, se doblarán las sanciones según el régimen actual. Asimismo, la ley obligará a los partidos a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas.

Organismo independiente

La Agencia Independiente de Integridad Pública se concibe como "órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción". Dentro de este eje del plan anticorrupción, se incluyó el impulso de la Ley de Administración Abierta "para fomentar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción". Además, se prevén exámenes aleatorios del patrimonio de los altos cargos, transformar el portal de contratación para usar nuevas herramientas informáticas y aumentar el control sobre la financiación y la actividad de los partidos.

Esta entidad asumiría las competencias clave en materia de prevención, supervisión y planificación en el ámbito de la lucha contra la corrupción y la integridad pública aunando las competencias de varios organismos estatales. Entre ellos, la Oficina de Conflictos de Interés, la Autoridad Independiente de Protección al Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Su creación supondría, en primer lugar, "la realización de un mapeo de organismos y funciones, con el objetivo de desarrollar un proceso de racionalización del ecosistema público de lucha contra la corrupción". En una segunda fase, según recoge el plan, "se determinarán las necesidades de coordinación, tanto entre las agencias existentes a nivel nacional como las posibilidades de coordinación a nivel autonómico con los organismos descentralizados".

Recuperación de lo robado

La nueva agencia contaría con facultades "para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave (contratación pública, lobbies, conflictos de interés, rendición de cuentas) y articular mecanismos de protección para informantes de corrupción". Su puesta en marcha requeriría una reforma legislativa que incluye la modificación de hasta seis leyes orgánicas.

Entre estas modificaciones se tocará también la ley general penitenciaria para que los condenados por corrupción que no devuelvan las cantidades a reparar económicamente no puedan progresar de grado. Incluso en caso de insolvencia, según fuentes del Gobierno, la pena deberá cumplirse integramente si no se produce una reparación económica. Hasta ahora, este era una facultad discrecional del tribunal, que tomaba la decisión tras investigar si existía ocultación de bienes o insolvencia.

Tramitación en el Congreso después del verano

El Gobierno presentó las medidas para intensificar los controles dentro de la administración, los partidos políticos y las empresas, como el "mayor impulso en la lucha contra la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas" y para situar a España "a la vanguardia" de la UE. Lo hizo en un contexto de crisis de confianza de sus socios y un contexto acorralado por la corrupción en el PSOE. Sin embargo, no ha habido urgencia hasta ahora y la tramitación parlamentaria de esta norma es incierto, ante la ajustada aritmética del Gobierno en minoría.

Los plazos que maneja el Gobierno pasan por aprobar la norma en segunda vuelta antes del verano para arrancar su tramitación en el Congreso durante el próximo periodo de sesiones y que quede aprobada antes de acabar la legislatura. Montero ha confiado en un apoyo "unánime" de los grupos.

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