El Gobierno pide a la Fiscalía investigar a Meta, X y TikTok por la "creación y difusión de pornografía infantil"

El Gobierno ha activado este martes la primera medida del paquete para endurecer la regulación de las plataformas digitales. Para ello, el Consejo de Ministros ha invocado el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objeto de pedirle que investigue "los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA". "Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar", ha justificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un mensaje publicado precisamente en la red social propiedad de Elon Musk.

La premisa pasa por actuar con “tolerancia cero” frente a las posibles infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos. La solicitud, cursada a través del Ministerio de la Presidencia, solicita al Ministerio Fiscal que analice estos hechos, ejerza las acciones penales que considere oportunas y establezca criterios de actuación y "mecanismos que permitan a las víctimas, así como a sus tutores y representantes legales, hacer valer sus derechos ante la Fiscalía".

En la misiva a la Fiscalía se argumenta que los delitos cometidos podrían no darse solo entre los usuarios individuales de las redes, sino que también podría haber responsabilidad penal dentro de las plataformas por el dominio que ejercen sobre los contenidos, las herramientas de Inteligencia Artificial integradas en ellas y la primacía de unos contenidos sobre otros a través de los algoritmos. La decisión se apoya en un informe técnico elaborado conjuntamente por los ministerios de Presidencia, Transformación Digital y Juventud.

En concreto, el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, viajó hace unos días a París para entrevistarse con su homólogo, Gérald Darmanin, donde trataron este asunto, puesto que la Fiscalía francesa ya investiga a la red social X por manipulación del algoritmo y difusión de 'deepfakes' de carácter sexual de menores con Grok. La Comisión Europea también está investigando a Meta, TikTok y la inteligencia artificial Grok bajo la Digital Services Act.

La activación del Artículo 8 se produce tras considerar que estos hechos “podrían estar afectando al interés público tutelado por el Ministerio Fiscal”, y supondrían una vulneración de los artículos 189.1.a (elaboración de material pornográfico utilizando a menores), 189.1.b (producción, venta, distribución, exhibición, ofrecimiento o facilitación de material pornográfico, o la posesión para estos fines), 189.5 (adquisición o posesión de pornografía infantil, incluidos los deepfakes, para uso propio, así como el acceso a sabiendas a este contenido a través de internet) y 189 bis (distribución o difusión a través de internet de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar delitos relacionados con la pornografía infantil) del Código Penal.

A ello se le sumaría un posible delito contra la integridad moral, tipificado en el artículo 173.1 del Código Penal. La decisión se produce después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidiese a en enero a la Fiscalía que investigase estos hechos.

Se trata de un paso más en la lucha contra los "tecnooligarcas" que Sánchez libra, especialmente, desde las últimas semanas. Lo que trasladan en el Gobierno es que la cruzada legal contra las plataformas digitales se ha convertido en una prioridad. De su determinación da cuenta el discurso del jefe del Ejecutivo durante los últimos y sus choques con los magnates de las principales plataformas, como Elon Musk, dueño de X, o de Pável Dúrov, de Telegram.

Atajo parlamentario

Para acelerar el resto del paquete de medidas legales anunciadas por Pedro Sánchez para endurecer la regulación de las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, el Gobierno busca un atajo parlamentario que le permita recortar plazos. Se trataría, según fuentes del grupo parlamentario socialista, de aprovechar el proyecto de ley de protección digital a los menores que está en la comisión de Justicia para incluir las dos principales novedades que el jefe del Ejecutivo puso sobre la mesa: la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas y la penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales.

De esta manera se evitaría, como estaba previsto, que las reformas concernientes del Código Penal se realicen a través de sendos anteproyectos de ley. Un largo trámite desde su aprobación en primera vuelta en el Consejo de Ministros hasta llevarlas al Congreso. Para sacarlo adelante se necesitarán acuerdos con todos los socios de investidura, puesto que el proyecto donde se buscan incluir estas reformas ya ha cerrado el plazo de enmiendas y la única salida es transaccionar.  Como límite temporal para impulsar las medidas contra lo que Sánchez ha denominado "tecnoligarcas" se marcan este periodo de sesiones, que acabará en junio. Un plazo que si se optara por llevar las medidas por separado en el Consejo de Ministros sería irrealizable, más allá de la complejidad aritmética posterior en el Congreso.

La gran mayoría de socios del Ejecutivo concuerdan con lo propuesto con Sánchez, aunque proponen otorgar más derechos a los menores, de tal forma que sea también necesaria su autorización para que los tutores puedan publicar información suya en redes sociales y que tengan la capacidad de solicitar la "supresión" de sus datos sin necesidad del consentimiento de los padres. El único aliado que se sale de esta línea es Junts que quiere limitar la prohibición de acceso a los menores de 16 años a "redes sociales o a servicios, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual que incorporen inteligencia artificial generativa".

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