El Poder Judicial prepara una respuesta a Bolaños: equipos "flotantes" y sedes dispersas lastran la nueva organización de los juzgados

El Consejo General del Poder Judicial trabaja en la elaboración de una comunicación, que se llevará a una próxima Comisión Permanente, para poner en conocimiento del Ministerio de Justicia las "disfunciones" provocadas por el cambio radical en la forma de trabajar en los juzgados que entró en vigor el pasado 2 de enero. A partir de esa fecha, aunque con un cumplimiento desigual según territorios, quedaron atrás los órganos judiciales tal y como los conocíamos, con un juez titular al frente, un letrado asignado y un grupo de funcionarios a su servicio y comenzaron a funcionar los tribunales de instancia, que agrupan a varios magistrados con unos servicios comunes a compartir.

No obstante la implantación del nuevo sistema no está siendo nada "pacífica" y se acumulan las quejas de los jueces, que van desde la dificultad de trabajar con "equipos flotantes" de funcionarios ( con grave afectación en la instrucción de los asuntos y las guardias), la existencia de sedes dispersas que dificultan la prestación de esos servicios comunes e incidencias informáticas que dificultan la labor del día a día. Ello produce retrasos que se están empezando a dejar ver, por ejemplo, a la hora de notificar las decisiones judiciales a los interesados.

Actualmente, el equipo de trabajo interno del Consejo ha recabado las quejas de presidentes de tribunales superiores de justicia, de decanos de órganos unipersonales y también de distintos colegios de abogados que advierten de disfunciones en los nuevos tribunales de instancia

Las primeras dos fases de implantación del proyecto estrella del ministro Félix Bolaños --la denominada Ley de Eficiencia Procesal--, también dieron lugar a quejas de las que el Consejo General del Poder Judicial tomó conocimiento y dio cuenta al Ministerio, señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídica. Pero en esta ocasión los problemas se multiplican al afectar a prácticamente todo el territorio nacional. Así lo están poniendo en evidencia también, a través de las redes sociales, algunos abogados e incluso jueces que suelen ser activos en plataformas como X.

Los principales problemas son de personal, según las quejas que han hecho llegar los presidentes de los tribunales superiores a las que ha tenido acceso este diario. Hablan de "acoplamientos" de funcionarios sin cerrar, con vacantes y rotaciones que impiden estabilizar equipos, así como déficits de plantilla y coberturas lentas. Por la parte de los abogados, la disfunción más común es que los auxiliares se han destinado en gran parte a labores de tramitación y no hay nadie atendiendo a quienes se acercan a un juzgado a preguntar por un asunto o realizar algún trámite.

Informática y dispersión

Otro problema común es la falta de adecuación de espacios, que en muchos casos -- salvo excepciones como es el del Tribunal de Instancia de La Rioja-- son muy antiguos y están dispersos en una misma ciudad. Así ocurre en Andalucía, donde los juzgados de Jaén cuentan con 14 sedes, Sevilla 5, Cádiz y Granada 4, y Huelva 3. El mismo problema tienen en Oviedo, con ocho edificios dispersos, en Tenerife con siete sedes sin adaptar y en grandes ciudades como Barcelona o Madrid.

En cuanto a las incidencias informáticas, los decanos y presidentes de tribunales superiores informan de perfiles y permisos no habilitados o incompletos que impiden trabajar por y causan duplicidades de plazas y errores de reparto; además de inestabilidad y caídas recurrentes del sistema.

La interoperabilidad entre los diferentes sistemas que funcionan en las diferentes comunidades autónomas tampoco ha sido completado, en algunos casos, como en Córdoba, la agenda de juicios rápidos está inhabilitada y los correos corporativos no han sido activados en varios destinos.

Situación en Cataluña

Los reportes que vienen de los órganos catalanes hablan de problemas de acoplamiento, vacantes y falta de personal especializado en Barcelona (34,9% del total); así como de problemas significativos de adaptación de sistemas. Por ello, los responsables gubernativos de los órganos judiciales catalanes hablan de "implantación precipitada"; infraestructuras no adaptadas y una elevada interinidad que afecta a la labor jurisdiccional.

En cuanto a los abogados de Barcelona, recientemente manifestaron durante una reunión con su vocal territorial del Consejo Carlos Hugo Preciado su preocupación por la falta de recursos y la necesidad de una planificación adecuada, aunque también mostraron su optimismo respecto de la mejora del servicio judicial a largo plazo.

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