Los primeros investigados del caso Montoro rechazan declarar, a la espera de si la Audiencia lo traslada de Tarragona a Madrid

Empiezan las declaraciones de los investigados en el caso Montoro. Este martes al mediodía se han iniciado las comparecencias de los imputados en este proceso judicial en el que está implicado el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro. Ante el juez de la sección segunda de instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus Vela, deberán pasar los 34 acusados de nueve empresas diferentes, en una causa abierta por presunto tráfico de influencias, soborno y malversación de fondo públicos, entre otros presuntos delitos.

Los dos primeros empresarios que han comparecido este martes ante el juez se han acogido a su derecho a no declarar. Son Eduardo Gil, expresidente de Praxair (más tarde adquirida por Taiyo Nippon Sanso Corporation), y la ex responsable fiscal de la división de la compañía en España y Portugal, Jacobina Escámez. Ambos imputados han acudido en compañía de sus abogados que, al salir de las instalaciones judiciales, han declinado ofrecer su versión de los hechos.

Eduardo Gil aparece en los correos electrónicos analizados en la causa y aportados como pruebas y, en concreto, en la teleconferencia celebrada en octubre de 2013 en la que se decidió contratar al bufete económico de Montoro y se decidieron los términos en que se realizarían los pagos y se formalizarían los informes a entregar en el Ministerio de Hacienda. Una tercera persona, también de las empresas gasísticas, estaba citada para declarar en el juzgado, pero no ha acudido por razones de salud, aportando informes médicos oportunos, según fuentes del tribunal.

El juez está investigando al exministro Montoro por la contratación por parte de empresas de gases industriales del bufete Equipo Económico, fundado por el exdirigente del PP, con el objetivo de conseguir beneficios fiscales gracias a reformas legislativas promovidas por el Gobierno. Después de varias suspensiones, el magistrado tarraconense había fijado la fecha de este 12 de mayo para empezar a tomar declaración a los acusados, y rechazó las comparecencias por videoconferencia por problemas técnicos.

Desde las acusaciones populares, que incluye a una decena de entidades, entre ellas el PSOE y Podemos, señalan que las partes defensoras pretenden dilatar el proceso judicial con unos quince recursos. Las acusaciones consultadas consideran que las defensas quieren llevar la causa de Tarragona a los tribunales de Madrid porque consideran que podrían serles más favorable. Los abogados de los imputados sostienen que el juzgado catalán no es competente para dirimir las responsabilidades penales de este caso. En sentido contrario, fuentes de las acusaciones defienden la "independencia" de Rus Vela, lo que evita la politización del proceso.

La encargada de decidir si el tribunal tarraconense es competente para juzgar el caso es la Audiencia Provincial de Tarragona, que ya está estudiando el caso. Este tribunal podría decidir mantener el caso en Catalunya, con el magistrado Rus Vela, o bien trasladarlo a la capital española. La fecha prevista para retomar las declaraciones de los demás acusados es el próximo viernes 29 de mayo.

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