El aumento de financiación en dependencia permitirá crear hasta 2.089 empleos en Aragón

La ampliación de la financiación estatal al sistema de dependencia en 146 millones de euros adicionales en Aragón (48,6 millones en 2026 y 97,3 en 2027), podría permitir incorporar a 11.175 beneficiarios, reducir 248 personas en lista de espera y crear 2.089 nuevos empleos. En el conjunto nacional, serán 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 para su distribución a las comunidades autónomas, que permitirán reducir las listas de espera en 71.000 personas el próximo año y crear 115.000 empleos dentro del sector, además de atender a más beneficiarios y ampliar servicios.

Así son las estimaciones del Gobierno de España que dirige Pedro Sánchez, tras aprobar el Congreso de los Diputados, el pasado martes en sesión plenaria, el decreto ley que aumenta las cuantías del Ministerio de Derechos Sociales a las comunidades autónomas para gestionar la dependencia. Una actualización que acerca a cumplir la ley de la dependencia, que reconoce el compromiso del Estado a cofinanciar este servicio que ofrecen, como protección a las personas más vulnerables, las comunidades autónomas.

El impacto económico se comenzará a notar en las arcas de los Ejecutivos autonómicos desde este mismo mes de julio, ya que el pago ha comenzado a abonarse con una subida media del 82%, según datos del propio Ministerio de Derechos Sociales. Las transferencias del Estado a las autonomías dependen del numero de personas con la dependencia reconocida en los territorios, además del grado de dependencia decretado por los servicios sociales.

Junto a la aprobación de este aumento de la financiación estatal, el Congreso aprobó para su remisión al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, además de contemplar una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia, blinda que el Estado tenga que aportar el 50 % de la inversión. Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario, como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico, y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución. Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación estatal que tiene el sistema de la dependencia, que también será incrementado en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones más para 2027. Con estos incrementos de la financiación, el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las autonomías para que reduzcan las listas de espera, que Derechos Sociales estima que pueden descender en 71.000 personas en 2027.

Según el ministerio, este incremento de la aportación estatal que califican de "histórico" tendrá un gran impacto a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos que puedan contratar a más personal para sus sistemas de cuidados, y supondrá la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España. Además, calculan que el próximo año se podrá atender a 417.000 nuevos beneficiarios, permitirá mejorar las condiciones laborales de los cuidadores, en su gran mayoría mujeres, y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Un objetivo prioritario de este aumento de la aportación que recibirán las comunidades autónomas en materia de dependencia, ha destacado Derechos Sociales, es que se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas. Para ello, se ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.