De la abolición de la prostitución al voto a los 16 años o el despido: las leyes estrella a las que renuncia el Gobierno

El Gobierno arrancará el último curso parlamentario de la legislatura con una veintena de leyes recogidas en su plan anual normativo sin aprobar todavía en primera vuelta por el Consejo de Ministros y, por tanto, sin apenas tiempo ya para que vean la luz en el Congreso. Entre ellas, algunas normas estrella como la de juventud, que incluía la rebaja de la edad de voto a los 16 años, la ley de democracia en la empresa para sentar a representantes de los trabajadores en los consejos de administración o la reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de despido, que busca reforzar la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral y modificar el régimen indemnizatorio.

A la lista se suman la ley de extranjería para adaptarla al pacto europeo de Migración y Asilo, la de familias acogedoras o la trasposición de la directiva sobre el trabajo en plataformas. La falta de celeridad a la hora de aprobar estos anteproyectos, algunos de ellos comprometidos desde el arranque de la legislatura, es supone prácticamente una renuncia por parte del Ejecutivo.

A este atasco en la hoja de ruta del Ejecutivo se añade el bloqueo en el Congreso de varias iniciativas señeras por la falta de apoyos, como la de secretos oficiales, la derogación parcial de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, y algunas de las normas centrales promovidas por el Ministerio de Justicia. Otras banderas del PSOE, como la relativa a la abolición de la prostitución, ni siquiera han dado el paso de registrarse tras optarse por reintentar la vía parlamentaria y sacarla del plan anual normativo del Gobierno.

La orden de Moncloa ante el bloqueo parlamentario pasa por impulsar medidas que no requieran el aval del Congreso, como se hizo con la regularización extraordinaria de migrantes a través de un cambio reglamentario vía real decreto. En la pista de salida de estas medidas ejecutivas a partir de septiembre se encuentra la que busca garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

En función de cuándo se convoquen las elecciones generales, con la hipótesis de marzo de 2027 ganando enteros al no descartar un adelanto si decaen los Presupuestos en otoño, también tendrán dificultad para poder aprobarse las normas pendientes de pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. Entre ellas, la de la publicidad del sector público para regular la financiación pública de los medios, la ley contra la trata o la de prevención de riesgos laborales.

A estas alturas del año, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales ocho proyectos de ley. Los dos últimos el martes de la semana pasada, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la ley de regulación de los medicamentos y la de antitabaquismo, que busca ampliar los espacios sin humo y prohibir expresamente el consumo de productos del tabaco a menores de 18 años.

Financiación autonómica y Presupuestos

Este mes de julio se aceleró el ritmo con la aprobación definitiva por parte del Ejecutivo del proyecto de protección de derecho al honor, la ley sobre violencia vicaria y la reforma para digitalizar y modernizar la legislación financiera. Con todo, no todas tienen garantizado el consenso necesario con los grupos parlamentarios, que además han endurecido los vetos cruzados y el distanciamiento con el Ejecutivo para marcar más perfil propio ante el futuro ciclo electoral de las municipales y autonómicas de mayo de 2027 y las generales.

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