El PP dificultará el reparto de menores reclamando pruebas de edad y alegando falta de capacidad en sus comunidades

La crisis de Ceuta provoca ya, entre otras derivadas, una nueva polémica sobre el reparto de los menores que se encuentran aún en la ciudad autónoma. Algo muy similar a lo sucedido en 2024 con los menores a redistribuir en aquella ocasión desde Canarias. Santiago Abascal llegó a romper entonces unilateralmente todas las coaliciones de Vox con el Partido Popular (PP) por su rechazo radical a aceptarlos allí donde tenía responsabilidad de gobierno. Acababa de terminar entonces un ciclo electoral, el que transcurrió desde las elecciones de 2022 en Castilla y León y Andalucía hasta las vascas, gallegas y catalanas de 2024, con el importante paso previo de las municipales y autonómicas y luego las generales de 2023, y el líder de la extrema derecha decidió imprimir un brusco giro a su estrategia política.

Ahora el escenario parece distinto, de escuchar a quienes tanto en el PP como en Vox vienen a concluir, expresado en términos coloquiales, que la sangre no llegará al río esta vez. Entre otras cosas porque el nuevo ciclo electoral está en marcha, tras las elecciones celebradas sucesivamente desde diciembre de 2025 en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, un momento que parece poco propicio para rupturas. Lo que no quiere decir, ni muchos menos, y según las fuentes consultadas en ambas formaciones, que el reparto, o mejor dicho, la negociación del mismo con el Ejecutivo central y las autonomías que no gobierna la derecha (una minoría, cinco de las diecisiete) vaya a ser pacífico. Al contrario, el PP plantará cara para dificultar en lo posible el impacto de un reparto que los de Alberto Núñez Feijóo siguen considerando injusto en los términos o proporciones en que se planteó hace dos años.

En primer lugar, lo harán reclamando la llamada filiación de los menores, para comprobar si efectivamente tienen o no la mayoría de edad. Este ha sido, además, tradicionalmente uno de los puntos fuertes de la postura de Vox, que denuncia un supuesto fraude recurrente en la verdadera edad de esas personas. Y en segundo lugar, el PP, con o sin Vox, tiene a mano la herramienta de los recursos. El año pasado la Junta de Andalucía, cuando Moreno la presidía en solitario, llevó al Tribunal Constitucional (TC) el reparto de menores por una cuestión de invasión de competencias pero también por falta de recursos para la acogida. Además de todo ello, en los gobiernos del PP se alude al cumplimiento de lo firmado con Vox, y entre ello figura la no aceptación de "menas", como los denomina la extrema derecha.

La vicesecretaria general del PP, Alma Ezcurra, una dirigente con peso específico en el núcleo duro del primer partido de la oposición, fue clara al respecto el miércoles en una entrevista en Onda Cero, donde si bien se desmarcó de la postura de Vox y admitió que la distribución es obligada por ley, puso objeciones a la misma. "El Gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del Gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y el País Vasco", acusó Ezcurra a Pedro Sánchez, para reclamar que en esta ocasión se haga un reparto "justo, con datos, bien dotado, planificado y con el Gobierno de España asumiendo la responsabilidad de sus propios actos".

Pero que la cuestión no es precisamente un terreno políticamente cómodo para el primer partido de la oposición se puso de manifiesto poco después en San Sebastián, donde el secretario general de los populares, Miguel Tellado, en un amplio discurso donde se explayó en críticas al Gobierno -también por la crisis de Ceuta, pues a su juicio no es verdad que se haya recuperado allí la normalidad- evitó decir palabra alguna sobre la eventual redistribución de los menores.

No solo los gobiernos en coalición

Naturalmente, el conflicto futuro no afecta solo a María Guardiola (Extremadura), Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juan Manuel Moreno (Andalucía), los barones del PP que gobiernan con Vox, pues tampoco sus homólogos y correligionarios que de momento gobiernan en solitario, por ejemplo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fueron ajenos en 2024 a la oposición al reparto de menores. Pero la mirada se posa ahora sobre ellos, todos disfrutando de sus vacaciones pero atentos a asuntos de envergadura como estos.

Desde esos ejecutivos se transmite que no cederán un ápice sobre la respuesta dada en el verano de 2024, donde por ejemplo la Junta de Castilla y León ya dijo que estaba saturada y que había sobrepasado con mucho su capacidad de acogida, cuando Mañueco presidía en solitario ese Gobierno autonómico. "No hemos cambiado de postura", aclaran desde la Junta. Aunque en esos gobiernos, en línea con lo manifestado por la vicesecretaria Ezcurra, se admite que no se podrá sortear la ley de Extranjería, modificada el año pasado, que obliga al reparto.

El conflicto que derivó hace dos años en una ruptura unilateral de varios acuerdos de coalición por parte de Vox surgió por unos 400 menores varados en Canarias. Ahora en Ceuta, según los primeros cálculos, la cifra es el doble, en un territorio significativamente más pequeño que el de las islas.

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