El Estado debe garantizar el derecho al agua potable y su gestión pública con participación y control social. Una forma profunda y real de democracia". Es el mensaje que las más de 300 oenegés que forman El Faro quieren lanzar esta semana, coordinadas por Ingeniería Sin Fronteras y Sustainlabour.

Esas dos oenegés pretenden explicar por qué una gestión pública y participativa del recurso es la mejor forma de garantizar el derecho humano al acceso al agua potable. "El agua no es una mercancía", señala Judith Carreras, de Sustainlabour. "Por eso no nos vale cualquier tipo de gestión pública, sino aquella en la pueda haber una participación efectiva de todos los ciudadanos, democrática y transparente".

Uno de los principales beneficios de una gestión pública del agua sería "la toma de conciencia" sobre su uso y abuso. "Y que cuando no esté garantizado este derecho, se conozcan los mecanismos para reivindicarlo", apunta Eloi Badía, de Ingeniería Sin Fronteras.

A lo largo de la historia, han sido los poderes públicos los que han asumido la captación, transporte y distribución del agua para el abastecimiento y el regadío. Pero a partir de los años 90, bajo el argumento de compensar con capital privado la escasa capacidad inversora de las arcas públicas, la fórmula dominante pasa a ser las alianzas público-privadas.

Paradójicamente, el Banco Mundial, promotor de estas iniciativas, reconoce que, a día de hoy, el sector privado ha realizado menos del 0,4% de las conexiones necesarias para lograr los Objetivos del Milenio (ODM). El sector privado, señala Badía, "no está actuando en las zonas prioritarias" para alcanzar los ODM en el 2015, como el África Subsahariana y las áreas rurales. Es más rentable canalizar en zonas urbanas.

La ONU reconoció en el 2002 que el acceso al agua potable es un derecho humano. Aunque no es jurídicamente vinculante, reconoce Badía, "sí es un elemento de presión para los gobiernos, pero se resisten a firmarlo". Según él, la participación privada en la gestión de este recurso "colisiona con el ejercicio de un derecho humano, porque las empresas buscan lucro, no dar servicio ni satisfacer un derecho humano".