Un año después de la toma de poder en Afganistán por parte de los talibanes, el retroceso de los derechos humanos es más que evidente, especialmente en lo que respecta a las mujeres, que han quedado prácticamente borradas de la vida pública a pesar de las continuas promesas de cambio.
Desde la llegada al poder de los fundamentalistas el 15 de agosto de 2021, las afganas han sido privadas de sus derechos sociales, se les ha impedido el acceso al trabajo y a la educación secundaria, numerosas periodistas han sido amordazadas y las protestas acalladas, entre las quejas de una comunidad internacional que, por el momento, no reconoce al Gobierno interino de los talibanes.
Barreras a la libertad de las afganas
La activista Arifa Fatimi, de 26 años y que ha participado en las esporádicas manifestaciones de afganas en Kabul, ha denunciado a Efe que todas las decisiones tomadas por los talibanes con respecto a las mujeres «cumplen un patrón de hacerlas invisibles en la sociedad».
Fatimi ha añadido a la lista de crecientes restricciones, promovidas por el todopoderoso Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, la imposición del burka u otras vestimentas similares que cubran por completo el rostro, o el veto a las mujeres a que viajen sin acompañante masculino en trayectos largos.
«Las mujeres y las niñas no tienen ninguna esperanza ni optimismo por el futuro de Afganistán, ni sobre si los talibanes cambiarán en el futuro»
Fatimi ha lamentado que los avances alcanzados para las mujeres en las últimas dos décadas en el país asiático, tras la invasión estadounidense en 2001, se hayan perdido «con el colapso del Gobierno anterior» de Ashraf Ghani.
Organizaciones pro derechos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado la «mano dura asfixiante» de los talibanes desde la caída de Kabul en agosto del año pasado, debido a una rápida ofensiva de los talibanes mientras Estados Unidos retiraba sus tropas del país.
Los fundamentalistas han «diezmado el sistema de protección y apoyo para aquellas que huían de la violencia doméstica, detenido a mujeres y niñas por pequeñas infracciones de normas discriminatorias y contribuido a un aumento en el número de matrimonios infantiles y forzosos», denunció AI en un informe publicado a finales de julio.
Grave crisis económica y humanitaria
Afganistán se encuentra sumido en una profunda crisis económica y humanitaria, agravada por la llegada al poder de los talibanes y la congelación de los fondos internacionales para la reconstrucción del país, donde el 59 % de cerca de sus 39 millones de habitantes necesitan asistencia según datos de la ONU.
Una crisis doble que ha impactado a los derechos humanos en Afganistán ante la indiferencia de los talibanes, según ha afirmado a Efe la activista Zulia Parsi, del Movimiento Espontáneo de Mujeres Activistas.
«No tenemos servicios públicos esenciales, la gente y sobre todo las mujeres han perdido sus empleos, las niñas han sido expulsadas de la educación y el apoyo del Gobierno de las ONG ha parado o se ha visto reducido»
Según Parsi, el Gobierno interino de los talibanes «no tiene en cuenta los derechos humanos».
Testimonio
El testimonio de la adolescente Parishad a la organización infantil Save The Children resume la grave crisis.
«Algunos días mi padre no consigue comida. Mis hermanos se despiertan a medianoche y lloran por comida. No como y guardo mi comida para mis hermanos. Cuando mis hermanos piden comida, me enfado y lloro. Voy a casa de mi vecino y pido comida. A veces me ayudan», ha relatado Parishad, quien vive en el norte de Afganistán.
Restricción de la libertad de los medios
Los ataques a la prensa y el cierre de decenas de medios de comunicación han marcado igualmente el primer año en el poder de los fundamentalistas, con detenciones y agresiones a periodistas frecuentemente motivadas por la cobertura de manifestaciones.
Los talibanes prohíben cualquier manifestación que no cuente con su aprobación, y la cobertura de estos temas «muy delicados» no es bien vista por las autoridades.
«Desde que los talibanes llegaron al poder, han restringido la libertad de los medios (…), un gran número de medios de comunicación han parado su actividad y el resto se encuentran bajo presión»
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, ha señalado al término de una visita al país el pasado mayo el «alto número» de informes de «intimidación, acoso, ataques y arrestos e incluso asesinatos» de periodistas.
Un acoso que se extiende también, según Bennet, a miembros de la judicatura y abogados «por cumplir con sus tareas» o contra miembros de la sociedad civil.
Según un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) del pasado diciembre, y cuando la situación no ha hecho más que empeorar desde entonces, de los 543 medios de comunicación existentes antes de la llegada de los talibanes, 231 habían cerrado, y de los 10.790 trabajadores del sector, 6.400 perdieron su empleo.
Preocupaciones «infundadas»
Ante las críticas más o menos rotundas de la comunidad internacional, el Gobierno interino de los talibanes se ha esforzado en repetir que las preocupaciones son «infundadas».
A finales de mayo, el Ministerio de Exteriores ha señalado que las restricciones impuestas a las mujeres y las niñas están «en consonancia con las prácticas religiosas y culturales de la sociedad» de mayoría musulmana.
